El Parlamento de Cataluña ha acordado este miércoles la tramitación por lectura única de una proposición que reconoce la condición de agentes de la autoridad al personal funcionario y directivo de los centros penitenciarios.
Esta tramitación por vía rápida ha salido adelante gracias a los votos del PSC, que ha presentado la propuesta, Junts, el PP, Vox y AC. Por su parte, ERC, los Comunes y la CUP han votado en contra y han compartido una rueda de prensa con representantes de la Xarxa Dret i Presó, que han criticado que la medida «no responde a una necesidad real» de los centros penitenciarios y que surge de los «chantajes y presiones» de algunos sindicatos.
La iniciativa pretende proporcionar «seguridad y protección jurídica» a las tareas de los trabajadores de las cárceles y, además, reconoce la obligación de la Generalitat «de indemnizar» al personal que forma parte de las lesiones o daños que hayan sufrido en el ejercicio de sus funciones.
Una vez aprobada la tramitación por lectura única, los grupos parlamentarios tienen hasta este viernes, 5 de diciembre, para presentar enmiendas a la propuesta, que llega a la cámara catalana tras las protestas de los funcionarios de prisiones por las agresiones sufridas en los últimos años.
Precisamente, según un estudio de la plataforma de funcionarios Marea Blava, elaborado a partir de datos oficiales y de otros extraídos de antiguos informes de la entidad, 555 funcionarios sufrieron agresiones en las cárceles catalanas en 2024, una cifra superior a las registradas en 2023 y 2022, que fueron 536 y 541, respectivamente. Además, el año pasado se contabilizaron 25 agresiones sexuales a trabajadoras penitenciarias, una cifra que ha aumentado desde que, cinco años atrás, era casi «inexistente», según el mismo estudio.