La directiva de Joan Laporta ya ha demostrado su capacidad para vulnerar cualquier ley, regla o normativa si la finalidad es servir a intereses que hoy parecen ciertamente oscuros y que algún día, además de ser sospechosos, revelarán su verdadera naturaleza, habrá que ver si con consecuencias legales. La última violación del código ético azulgrana, de los estatutos y del respeto debido a los socios y al prestigio del FC Barcelona puede calificarse, sin miramientos, como un intento de ‘chorizada’ en toda regla por parte de Zero Knowledge Proof, una sociedad que se dedica principalmente al lanzamiento de activos digitales como tokens, cuya promoción se realiza a través de figuras controvertidas en redes sociales, y que su modelo de negocio parece orientado a aprovechar la notoriedad y la falta de regulación en el sector de las criptomonedas para captar inversores y socios comerciales.
La Vanguardia, solo este medio de entre los mayoritarios y más influyentes en el entorno social azulgrana, realizó un seguimiento de la alerta emitida por el Financial Times sobre las peligrosas características de Zero Knowledge Proof (ZKP), desde hacía pocos días patrocinador del Barça en el ámbito del complejo e inestable negocio de las criptomonedas. El acuerdo, relató el Financial Times, solo podía responder a “la desesperación del Barça por buscar nuevas fuentes de financiación con una empresa de muy baja reputación en el sector”.
Y tirando del hilo acabó informando que Laporta había dado instrucciones de ‘romper’ esa vinculación después de trascender que su promotor, Andrew Tate, no solo es “un exluchador de kickboxing con 21 cargos en la justicia del Reino Unido, entre ellos los de violación, tráfico de personas, agresión y control de la prostitución”. Además de estar radicada en Samoa, territorio de opaca y libertina fiscalidad, ZKP no tardó ni una semana en lanzar un token bajo la supuesta garantía y reputación del FC Barcelona en una maniobra que el Barça hubo salir a desmentir para evitar complicaciones legales. ZKP, según esta misma información, apenas registraba 32 seguidores en ‘X’ antes de que su ‘líder’ Andrew Tate emitiera un vídeo personal del lanzamiento de un token sin ningún tipo de transparencia, incluso, al contrario “presumiendo de no ofrecer información sobre sus inversores ni sus socios”.
7.800 socios sin el Barça-Alavés
En paralelo, la misma directiva de Laporta exhibía esa misma negligencia e ineptitud dejando sin poder entrar a 7.800 socios el sábado pasado al Barça-Alavés por otro de esos errores chapuceros que ya son una seña inequívoca de identidad de la administración laportista, en este caso imputable a su departamento de Ticketing y firmada por los mismos culpables de la sistemática inquisición contra los abonados de Montjuïc -ahora del Spotify- o la colosal y nunca explicada gamberrada interna de la invasión alemana, vejatoria e insultante, del Barça-Eintracht.
Pero habría que fijarse también y con una justificada preocupación en la trayectoria de otra área clave y de peso en el despiporre de los demandes del presidente, el Compliance Officer Sergi Atienza, de quien depende en la teoría y en la práctica que al Barça no le metan goles -a menos que se los deje meter porque el partido está amañado- como el de ZKP.
Su actuación en este bochornoso episodio reafirma el cachondeo y la burla provocados por el anuncio de que el FC Barcelona había recibido las certificaciones ISO 37301 y UNE 19601 “siendo la primera organización deportiva en España en alcanzarlas simultáneamente, lo que la posiciona como referente en cumplimiento normativo en el ámbito deportivo e institucional. El alcance del sistema de compliance del club pone especial énfasis en la prevención de delitos penales, la prevención del blanqueo de capitales y la promoción de una cultura de ética y transparencia en la gestión”, rezaba la propaganda oficial al respecto. Una burla.
El Compliance Officer de Barça debutó modificando el Código Ético del club para que familiares y amiguetes de Laporta y de su núcleo duro pudieran ser contratados sin control y sin necesidad de acreditar currículo ni méritos profesionales. También está detrás de la cacicada adjudicación de las obras a Limak, de las asignaciones de las Barça Academy a capricho del presidente, de la auditoria irregular y rechazada por Crowe con la que Laporta pretendió inscribir a Dani Olmo, de la recaudación irregular para los costes de los avales por parte de terceros, del propio aval último para las inscripciones, participado por un agente de jugadores, de la aceptación de las garantías de cobro de Barça Studios, de las cláusulas que permitieron que el At. Madrid recuperase casi gratis a Griezmann o que el PSG se llevase a Dembélé sin apenas despeinarse y de un largo etc. de trapicheos y tejemanejes que también el tiempo, más allá de las filtraciones puntuales, desnudará y dejará al descubierto en forma de carnaza para los tribunales si en algún momento una directiva se propone rescatar al menos parte del enorme perjuicio causado por un departamento que, precisamente, debería evitarlos.
Ahora, sobre el caso concreto de ZKP, faltará corroborar que realmente la directiva es capaz y tiene la firme voluntad de deshacer el convenio. La letra pequeña del contrato, esa que a menudo es la que el Compliance Officer suele no repasar, dictará finalmente la resolución de un problema agudo de imagen y de reputación financiera para el Barça.
La dinámica y la estadística presumen, no obstante, que difícilmente Laporta conseguirá deshacer otro enredo si no es, como siempre, a costa de una generosa liquidación por los daños y perjuicios ocasionados que le pasarán factura al Barça. Y, desde luego, con la certeza de que el Compliance Officer Sergio Atienza seguirá en su puesto, y condecorado.