El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto ley que permite a los ayuntamientos y a las comunidades autónomas destinar el superávit del año 2024 a inversiones financieramente sostenibles.
Esta medida, con la que el ejecutivo de Pedro Sánchez quiere cumplir acuerdos alcanzados con Junts, permitirá incrementar las partidas presupuestarias en la prestación de servicios públicos fundamentales y favorecer la actividad inversora de las administración, contribuyendo al desarrollo de proyectos de interés público sin computar en la regla de gasto de los años 2025, 2026 y 2027.
Los proyectos de inversión deben haberse iniciado antes del 31 de diciembre de 2026 y la parte que no se pueda ejecutar antes de esa fecha se podrá comprometer y reconocer en el ejercicio siguiente, financiándose con cargo al remanente de tesorería inmediatamente anterior, con el límite del importe del superávit de 2024.
Las inversiones financieramente sostenibles son aquellas que a largo plazo tienen un impacto positivo sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas de las entidades locales y comunidades autónomas, que permiten dar cumplimiento a los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública. Para poder beneficiarse de esta regla especial, las administraciones deben cumplir con el periodo medio de pago a proveedores previsto en la normativa sobre morosidad.
Las entidades locales pueden destinar las inversiones a la prestación de servicios esenciales, como alcantarillado, abastecimiento de agua, recogida de residuos o alumbrado público, mejora de los sistemas productivos y de los diversos sectores, infraestructuras de transporte, centros docentes, asistencia social primaria, vivienda, recursos hidráulicos o recursos hidráulicos.
Las comunidades autónomas pueden realizar inversiones con efectos positivos para el cambio climático, que contribuyan a la mejora de la eficiencia energética, que traten de evitar gastos recurrentes o que impliquen ahorros en ejercicios futuros, siempre dentro de los ámbitos de su competencia.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, había adelantado este martes por la mañana, en una entrevista en RAC1, que el Consejo de Ministros aprobaría un decreto ley con medidas sobre financiación local, impagos del alquiler y facturación de las empresas, previstas en los acuerdos cerrados con Junts per Catalunya hace dos años. Además, había añadido que su ejecutivo tiene «muy claro» que debe cumplir sus compromisos firmados con Junts, aunque admitió que las conversaciones con el partido de Carles Puigdemont están rotas.