La directora del CNI, Esperanza Casteleiro, ha confirmado este lunes en un juzgado de Barcelona que el Tribunal Supremo autorizó el espionaje a los expresidentes de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez y Elisenda Paluzie después de que el Consejo de Ministros desclasificara la semana pasada una parte de los documentos reservados relacionados con este espionaje. Según ha declarado Casteleiro, Sànchez y Paluzie habían sido espiados desde 2019. Los Mossos d’Esquadra, sin embargo, detectaron intrusiones en el móvil de Sànchez desde 2015.
Como ya hizo hace unos meses en el caso del espionaje a los diputados de ERCJosep Maria Jové y Diana Riba, la directora del CNI se ha limitado a confirmar sólo lo que la parte desclasificada de los autos del Supremo permiten: que desde 2019 estaba autorizado judicialmente el espionaje a Sànchez y Paluzie, pero sin confirmar los detalles ni los métodos de espionaje.
En mayo de 2022, la ANC presentó una querella por el espionaje a sus dirigentes, aunque no iba contra ningún cargo u organismo concreto del Estado. En aquel momento, y con el informe de Citizenlab, se estableció que los afectados eran Paluzie, con cuatro ataques y una infección probada entre 2019 y 2020; Sànchez (26 ataques entre 2015 y 2017 y cuatro infecciones probadas), y los secretarios nacionales Sònia Urpí (dos ataques con SMS en junio de 2020 y una infección probada) y Arià Bayé (un SMS en 2020); y el miembro de base de la entidad Jordi Domingo (víctima vía WhatsApp en 2019).
Además, un informe de los Mossos certifica que Sànchez recibió al menos 19 ataques. El primero fue en septiembre de 2015, cuando acababa de ser elegido presidente de la ANC, pero todavía no se había ni acordado un referéndum independentista. La mayoría de ataques fueron entre entonces y octubre de 2017, cuando fue encarcelado junto con el presidente de Òmnium, Jordi Cuixart. Todas estas infecciones quedarían fuera del periodo para el que habría existido autorización judicial. El último ataque fue entre junio y julio de 2020, cuando tuvo un permiso penitenciario, éste ya bajo el amparo del permiso del Supremo.