Los días 18 y 19 de noviembre, los inspectores de la Autoridad Catalana de la Competencia (ACCO) llevaron a cabo inspecciones domiciliarias en tres empresas ubicadas en Cataluña, por una posible práctica anticompetitiva consistente en una concertación para falsear la competencia en los procesos de contratación pública para el suministro de material destinado al desarrollo de actos públicos así como los servicios de transporte, montaje, instalación, desmontaje y apoyo técnico necesarios para el funcionamiento de los referidos actos.
Según ha podido saber EL TRIANGLE, estas tres empresas involucradas son Focus, La Llauna y La Rulot, que mantienen, desde hace años, una estrecha relación contractual con el Ayuntamiento de Barcelona. En concreto, están bajo la lupa de la ACCO las adjudicaciones de los servicios de asistencia para organizar actos públicos en ocho distritos de Barcelona. Estas empresas se habrían puesto de acuerdo para repartirse el “pastel”, vulnerando el principio de concurrencia de ofertas.
Esta actuación inspectora supone un paso preliminar en el proceso de investigación de presuntas conductas anticompetitivas y no prejuzga el resultado de la investigación ni la culpabilidad de las entidades inspeccionadas. En caso de que, como resultado de la inspección, se encontraran indicios de prácticas anticompetitivas prohibidas por la Ley de Defensa de la Competencia, se incoará un expediente sancionador.
Prohibición de contratar con las administraciones
Los acuerdos entre competidores se consideran una infracción muy grave de la legislación de competencia, que puede comportar multas de hasta el 10% del volumen de negocios de las empresas infractoras en el ejercicio inmediatamente anterior al de la imposición de la sanción. Además, en aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público, puede comportar la imposición de una prohibición de contratar con las administraciones públicas.
La investigación de posibles comportamientos anticompetitivos en licitaciones públicas constituye una de las prioridades de actuación de la ACCO, dada la especial gravedad de sus consecuencias sobre los ciudadanos y la Administración, así como el correcto funcionamiento de los mercados.