Uno de cada cinco catalanes, 1,5 millones de personas, vive en situación de exclusión residencial. Así se desprende del informe FOESSA 2024 que ha presentado Cáritas y que ha alertado de que la vivienda y la precariedad laboral son el principal motor de la exclusión social, que en Cataluña afecta al 17% de la ciudadanía, 1,35 millones de habitantes.
El trabajo ha alertado de que el 13,3% de la población cae en la pobreza severa tras pagar los gastos habitacionales y que el 12,6% vive en hacinamiento grave. Además, ha mostrado que el 6,3% reside en habitaciones de relámpago, ocupando inmuebles, o está en proceso de desahucio. Al mismo tiempo, el 38% de los catalanes tienen un trabajo precario, un hecho que se intensifica entre los jóvenes que no se emancipan hasta los 30 años.
Según el informe FOESSA algo más de 1.350.000 personas -una de cada seis residentes en Cataluña- se ven afectadas por procesos de exclusión social, el 17% de la población y 73.000 personas más que en 2018. De ellos, un 8,7% sufre exclusión moderada y un 8,4% exclusión severa.
El informe ha revelado que la vivienda sigue siendo el principal motor de desigualdad y exclusión social. Un total de 568.000 hogares, donde viven casi dos millones de personas, sufren precariedad residencial. De estos hogares, el 13,3% de la población cae en pobreza severa tras pagar los gastos de vivienda y una de cada cinco personas se ve obligada a reducir el gasto en suministros básicos como la calefacción.
Al mismo tiempo, el 12,6% vive en hacinamiento grave – con menos de quince metros cuadrados por persona – y el 6,3% sufre tenencia en precario, con riesgo inminente de desahucio u ocupación temporal. En conjunto, una de cada cinco personas se encuentra en situación de exclusión residencial, cerca de 1,5 millones de personas.
Trabajar ya no protege de la exclusión
De acuerdo con el informe, el otro gran motor de la fractura social es la precariedad laboral, que afecta a 1,4 millones de personas en Cataluña, el 38% de la población ocupada. Raúl Flores, coordinador del IX informe FOESSA, ha señalado que «trabajar ya no salva de la exclusión» porque el 55,4% de las personas en exclusión social viven en hogares donde la persona sustentadora principal trabaja.
Así, ha señalado que «la precariedad laboral se ha convertido en la nueva normalidad afectando a una parte considerable de la población activa». Al mismo tiempo, un 12,4% de la población vive en hogares donde la sustentadora principal se encuentra en paro desde hace un año o más. Estas circunstancias tienen «consecuencias en todos los ámbitos de la vida, especialmente en su salud mental».
Multiplicadores de la exclusión
Caye Gómez, miembro del Observatorio de la Realidad Social de Cáritas Cataluña, ha explicado que existen cuatro elementos que multiplican el riesgo de exclusión: el origen familiar, la educación, la salud y el aislamiento social. Así ha indicado que «la exclusión social y la pobreza se heredan» y ha asegurado que una persona que haya crecido en un entorno pobre tiene el triple de probabilidades de encontrarse en una situación de riesgo de privación material, el doble de peligro de abandono escolar prematuro.
Además, en estos casos se multiplica por 2,4 las posibilidades de tener un empleo poco cualificado. «La mitad de los niños cuyos abuelos eran pobres en la etapa de crianza de sus hijos son pobres actualmente», ha comentado.
En cuanto a la salud, ha apuntado que la exclusión deteriora la salud física y mental. Ha dicho que la población con enfermedades graves que no recibe atención médica ha pasado del 3% en 2018 al 5% en 2024. Además, ha afirmado que en las personas en situación de exclusión severa se duplican los diagnósticos de depresión y ansiedad.
En relación con este tema, Raúl Flores ha hablado del actual sistema sanitario y ha dicho que se está permitiendo «que el acceso a la sanidad dependa de la cartera» convirtiendo un derecho fundamental en un privilegio y consolidando un sistema dual donde la sanidad pública asume lo más complejo y la población con menos recursos, mientras los servicios privados capturan la demanda solvente y el más rentable.
Por otro lado, tanto Gómez como Flores se han referido al aislamiento social y han apuntado que se ha detectado un agravamiento de este tipo de situaciones por cambios sociodemográficos y tecnológicos, como la disminución del tamaño familiar, la dispersión geográfica y el aumento de hogares uniparentales o unipersonales. En concreto, han detallado que el aislamiento social se ha cuadruplicado en situaciones de exclusión severa, pasando del 4% al 16%. «Allí donde hay vínculos, la exclusión es reversible; allí donde se rompen, la dependencia se acelera», ha señalado Flores.
Los rostros de la exclusión
Los colectivos más afectados por la exclusión son los niños, los jóvenes, las mujeres y las personas migradas. La población más joven sufre especialmente, dado que uno de cada tres niños y adolescentes se encuentra en esta situación. Esta tasa ha subido del 18% en 2018 al 33% en 2024.
Además, los hogares encabezados por mujeres también tienen un riesgo más elevado, con uno de cada cinco en situación de exclusión. Además, el informe ha constatado que el 43% de las personas migradas sufre exclusión, y que esta cifra llega al 75% si los individuos están en situación administrativa irregular. El informe añade a los jóvenes, que tienen un futuro desdibujado normalizando la precariedad laboral y sin poder acceder a la vivienda.
En este sentido, Flores ha destacado que «no fallan las personas, falla el sistema» y ha afirmado que el mito de la pasividad de las personas en situación de pobreza y exclusión social es «totalmente falso» porque tres de cada cuatro personas tienen activadas estrategias de inclusión como trabajar, estudiar o formarse, demostrando el esfuerzo individual para mejorar su situación. «Hablo de esta idea que viven de las prestaciones sociales, sin buscar soluciones y sin emprender acciones para su inclusión», ha comentado.