El Congreso de los Diputados ha rechazado este jueves la propuesta del gobierno español sobre los objetivos de estabilidad presupuestaria para los próximos años. La votación ha acabado con una mayoría contraria formada por PP, Vox y Junts, que han impedido la aprobación del marco fiscal necesario para avanzar en la tramitación de los presupuestos del Estado. Los partidos del gobierno han quedado en minoría, sin sumar suficientes apoyos de otras formaciones de la cámara.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, había defendido que la senda fiscal era «imprescindible» para garantizar el cumplimiento con Bruselas y dar estabilidad al país, pero las fuerzas opositoras han acusado al ejecutivo de improvisación y falta de negociación. Sin estos objetivos aprobados, el ejecutivo se ve obligado a presentar una nueva propuesta en las próximas semanas y, mientras no prospere, queda paralizado el calendario de los presupuestos de 2026.
Desde la oposición, el PP ha asegurado que el gobierno pretende «imponer unas cuentas inviables», mientras que Vox ha denunciado que la senda fiscal es «una cesión permanente al gasto autonómico». Por su parte, Junts ha justificado su voto en contra por la «falta de credibilidad económica» del gobierno y por no incorporar demandas de financiación territorial. Otras formaciones menores se han abstenido, criticando la falta de acuerdos amplios entre bloques.
Consecuencias para el gobierno y calendario presupuestario
El rechazo complica de manera notable los planes del gobierno de Pedro Sánchez, que contaba con tener la senda fiscal aprobada para poder registrar el proyecto de presupuestos antes de final de año. Ahora, los plazos se retrasan y se abre un escenario de incertidumbre sobre la capacidad ejecutiva del gobierno en una cámara extremadamente fragmentada. Fuentes del propio ejecutivo admiten que será necesaria «una negociación más profunda» para salvar la nueva propuesta.
Además, algunas comunidades autónomas ya han advertido de que la falta de objetivos fiscales puede dificultar la preparación de sus propios presupuestos autonómicos, dado que dependen del marco estatal para fijar su techo de gasto. El gobierno confía reconducir las conversaciones, pero parte de la oposición ha dejado claro que mantendrá la presión mientras no se reformule la propuesta de manera sustancial.