La Fiscalía de Barcelona ha conseguido, por primera vez en el Estado español, el cierre de tres páginas web dedicadas a la promoción de la gestación subrogada, conocida popularmente como vientres de alquiler. Esta actuación, impulsada por la nueva sección especializada en defensa de los consumidores, establece un precedente jurídico inédito y abre la puerta a futuras intervenciones contra un negocio que opera en los márgenes de la legalidad desde hace años.
Según fuentes de la Fiscalía, el bloqueo se ha ordenado a los proveedores de Internet mediante diligencias por publicidad ilícita. El Ministerio Público considera que estas plataformas vulneraban la Ley 14/2006 sobre técnicas de reproducción humana asistida, que declara nulo de pleno derecho cualquier contrato de gestación subrogada, con o sin precio, en el que una mujer renuncie a la filiación materna.
El Tribunal Supremo ha reiterado esta prohibición en varias sentencias. La más reciente, de 2022, advierte de que «las madres y los niños son tratados como simples mercancías» y alerta del riesgo de convertir la maternidad en un negocio transnacional basado en la desigualdad económica.
La prohibición española se alinea con una tendencia dominante en Europa, donde la mayoría de países rechazan la práctica por motivos éticos, de dignidad humana y para evitar la explotación, tal y como establece el artículo 3 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que ve la mercantilización del cuerpo humano. Sin embargo, hay variaciones: algunos países permiten formas altruistas (sin compensación económica), mientras que otros lo tienen en una zona gris legal.
Países como Francia y Alemania son los más estrictos, con sanciones penales que equiparan la práctica a tráfico humano. En cambio, naciones como el Reino Unido o Grecia permiten versiones altruistas con controles estrictos, pero rechazan cualquier pago, evitando la «mercantilización» denunciada por el Tribunal Supremo español. Fuera de la UE, Rusia y Ucrania (hasta la guerra) eran más permisivas con la forma comercial, pero han sido criticadas por fomentar el «turismo reproductivo».
La falta de una directiva europea unificada deja espacios para el «turismo» hacia países con leyes laxas, como señala el Parlamento Europeo en informes recientes. No obstante, tendencias como la ley de 2024 contra el tráfico humano (que incluye la subrogación) apuntan a una armonización más restrictiva.
A pesar de la claridad normativa, Internet se ha convertido en un espacio seguro para empresas e intermediarios. Sólo hay que hacer una búsqueda simple. Muchas webs derivan clientes a clínicas de Ucrania, México o Georgia, donde la regulación es laxa y el control estatal, prácticamente inexistente. Otros ofrecen «soluciones discretas» dentro de España, a pesar de la ilegalidad evidente.
Esta práctica ha generado, además, un turismo reproductivo impulsado por la demanda de países ricos que explota la vulnerabilidad económica de mujeres en países más pobres. Organizaciones feministas y de derechos humanos denuncian que, detrás de las promesas de «ayudar a familias a cumplir su sueño», se esconde un entramado comercial que perpetúa la desigualdad y la cosificación.
Los defensores de la gestación subrogada invocan el «derecho a la paternidad o maternidad», pero éste choca con el principio de que los derechos fundamentales protegen a personas existentes, no deseos individuales. «Tener un hijo no es un derecho, sino un proyecto vital legítimo», recuerdan expertos en derecho civil.
Más allá de la ilegalidad, esta práctica implica una explotación que atenta contra la dignidad de la mujer y del bebé, al convertir la capacidad reproductiva en un servicio mercantil.
Con este cierre de webs, la Fiscalía de Barcelona envía un mensaje inequívoco: la mercantilización del cuerpo y de la maternidad no puede tener cabida en un estado de derecho. Pero también pone de manifiesto la necesidad de actuar con más contundencia ante un negocio global que sigue operando impunemente en la red. El precedente de Barcelona no es una victoria aislada; es el último aviso antes de que la dignidad se convierta en un producto más en el catálogo digital.