El fiscal niega que la investigación contra los Pujol tenga motivaciones políticas

Anticorrupción asegura que ninguno de los delitos está prescrito, al contrario de lo que afirman las defensas

Bluesky
El fiscal del caso Pujol, Fernando Bermejo, en la Audiencia Nacional.

El fiscal anticorrupción de la Audiencia Nacional Fernando Bermejo ha asegurado este miércoles, en la tercera sesión del juicio contra la familia Pujol, que la investigación judicial no tiene ninguna motivación política ni «espuria». El fiscal ha pedido la inadmisión de las cuestiones previas planteadas por las defensas y ha defendido la plena legalidad de la larga investigación.

En este sentido, Bermejo ha asegurado que la investigación tiene un origen legal, con la denuncia policial de Victoria Álvarez, la expareja de Jordi Pujol Ferrusola, que se han garantizado los derechos de los investigados en todo momento y que ninguno de los delitos está prescrito. También ha dicho que el hecho de que el blanqueo de capitales se cometiera en el extranjero hace que la Audiencia Nacional sea competente para juzgarlos.

El fiscal ha insistido en que la investigación judicial no ha tenido ninguna intencionalidad política, sino solo la persecución de delitos económicos, y ha recordado que «nadie obligó a Victoria Álvarez a declarar», que tampoco se obligó al diario El Mundo a publicar informaciones sobre las cuentas de Pujol en Andorra ni la posterior confesión del expresidente. También ha descartado hablar del excomisario policial José Manuel Villarejo y ha desvinculado el inicio de la investigación de una supuesta operación Cataluña en Andorra contra el independentismo y la familia Pujol

«Respecto a la operación Cataluña, lo que no consta, no se conoce, y no se pueden introducir cuestiones políticas en una cuestión procesal y jurídica» sobre delitos económicos, ha dicho Bermejo, que ha lamentado que «se ha pretendido convertir rumores políticos en causas de nulidad», pero «ningún tribunal puede admitir que hipótesis no acreditadas sustituyan requisitos estrictos y tasados de nulidad procesal». Por todo ello, el fiscal anticorrupción ha asegurado que no existe una «investigación prospectiva», que la Udef de la Policía Nacional «ha actuado siempre bajo control judicial» y que toda la investigación del magistrado instructor José de la Mata ha sido ratificada paso a paso y posteriormente por la sala de lo penal de la Audiencia Nacional.

Prescripción de los delitos

Bermejo ha citado el inicio de la investigación como elemento para discernir si los delitos están prescritos o no, como alegan las defensas. Para el fiscal, el plazo de prescripción lo marca el delito más grave, en este caso el blanqueo, y el periodo de prescripción se interrumpe cuando se dirige la investigación contra el investigado. El plazo no empieza con la fecha de la factura supuestamente falsificada, sino cuando ésta produce su efecto posteriormente, que es lo que causa el delito.

En este sentido, ha dicho que la falsedad documental no se puede aislar como delito, sino que fue «instrumental» para cometer otros delitos, como el fraude fiscal o el blanqueo. Así, también ha asegurado que el día del inicio del plazo de prescripción es cuando se acaba la actividad delictiva o cuando ésta se descubre, no cuando se inicia el delito. De hecho, la falsedad formaba parte del «circuito» delictivo, según Bermejo, que fue de 1992 a 2011.

Según el fiscal, la consumación del delito no cesó hasta que se descubrió en 2012, y ha asegurado que incluso comenzado el procedimiento judicial en 2014, se movieron fondos bancarios para ocultarlos, motivo por el que se acusa a Jordi Pujol Ferrusola y a su ex mujer por frustración de la ejecución. Varios abogados defensores también alegaron que los escritos de acusación no concretaban la actividad delictiva previa al blanqueo de capitales, pero Bermejo ha asegurado que no hay que concretarla, sino que basta con comprobar que sin esa actividad no habría habido posteriormente el blanqueo del dinero obtenido fraudulentamente.

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