Las cuestiones previas del juicio del caso Pujol han proseguido este martes en la Audiencia Nacional con la intervención de las defensas de cuatro de los hijos del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol y de empresarios implicados.
En esta segunda sesión, el abogado Pau Ferrer, que representa a Marta, Mireia, Pere y Oleguer Pujol Ferrusola, ha señalado que el escrito de acusación de la Fiscalía «no individualiza» los hechos atribuidos y presenta «inconcreción» fáctica.
Además, ha asegurado que se ha producido una «lesión del derecho de defensa» de sus cuatro representados y ha sostenido que el dinero escondido por los Pujol en Andorra procede de una herencia de Florenci Pujol, padre de Jordi Pujol, como dijo el expresidente catalán en su confesión de 2014.
Por su parte, los letrados de los empresarios acusados en el caso Pujol han alegado indefensión y, como plantearon otras defensas este lunes, han indicado que varios delitos económicos señalados por la acusación ya han prescrito.
Franesc Robert, exdirector general de Radiotelevisión de Andorra, ha alegado que no cometió delito fiscal ni blanqueo en Andorra porque estos delitos se introdujeron en 2018. El empresario mexicano Bernardo Domínguez Cereceres, de la editorial Malpaso, ha esgrimido una inconcreción sobre el origen del dinero blanqueado, lo que su abogado indica que perjudica el derecho de defensa, y ha destacado que los documentos por los que se le acusa de falsedad documental firmó el padre del acusado, que ya falleció.
El negocio de los vertederos
En cuanto al empresario Gustavo Buesa, exsocio de Jordi Pujol Ferrusola, el abogado Carles Monguilod ha aducido que sufre «indefensión», y que el «relato de los hechos» de la acusación, que considera «vago» e «incoherente», no le permite entender de qué debe defender a su cliente.
En representación de otro exsocio de Jordi Pujol junior, el empresario Josep Mayola, el abogado José María Fuster-Fabra también ha hecho hincapié de la inconcreción de la acusación y ha dicho que se menciona el «blanqueo de capitales» como si fuera un delito «comodín del público», sin especificar «dónde está». Sobre la procedencia del dinero correspondiente a la operación del vertedero de Tivissa, ha dicho que Buesa y Mayola no sabían que era ilícita y, en cualquier caso, que habrían prescrito los delitos que les atribuye la acusación.