La Inspección de Trabajo ha sancionado nuevamente a la multinacional sueca H&M por una infracción grave en el servicio de atención al cliente de la tienda online de Barcelona. Según explica la CGT en un comunicado, la compañía ha vulnerado el artículo 34.8 del Estatuto de los Trabajadores por «imponer unilateralmente» un formulario interno que limitaba la duración de las reducciones de jornada.
Concretamente, el documento en cuestión incluía una cláusula que fijaba un límite temporal de seis meses para las medidas de conciliación, «convirtiendo un derecho legal y negociable en una concesión temporal y finita». La autoridad laboral también ha reprobado que el acceso al formulario no fuera público y que éste se tuviera que solicitar a los superiores jerárquicos, «creando una barrera burocrática y disuasoria», señala el sindicato.
En los últimos años, H&M ha recibido varias sanciones de la Inspección de Trabajo, lo que «confirma un patrón de conducta reincidente», afirma la CGT. Concretamente, la multinacional sueca ha sido sancionada en dos ocasiones con infracciones muy graves por vulnerar derechos fundamentales y «boicotear» el derecho a huelga, y acumula otras sanciones graves por, entre otras cuestiones, «ocultar sistemáticamente» información a delegados sindicales.
«Lejos de corregir su rumbo, la conflictividad laboral se ha intensificado este año. Actualmente, hay otras actuaciones inspectoras en curso por incumplimientos reiterados del Plan de Igualdad y por nuevas vulneraciones del derecho de información y transparencia, así como por deficiencias en materia de Prevención de Riesgos Laborales», destaca la CGT.
Frentes abiertos
De hecho, la representación social en H&M mantiene varios conflictos colectivos interpuestos ante los tribunales motivados por situaciones como la vulneración de la libertad sindical y del derecho a huelga; la prohibición de utilizar teléfonos móviles personales, una medida que el sindicato denuncia como represalia para impedir la comunicación y la documentación de presiones internas; y la modificación sustancial de las condiciones de trabajo, una «respuesta a la eliminación unilateral de derechos adquiridos por la plantilla».
«La acumulación de expedientes sancionadores y judiciales evidencia una estrategia corporativa de hechos consumados que desafía sistemáticamente la normativa laboral vigente«, destaca la CGT, que asegura que continuará trabajando «para velar por los derechos de las personas trabajadoras».
