La acusación popular ejercida por el PP pide 30 años de prisión para el exministro de Transportes José Luis Ábalos y para el entonces hombre de confianza suyo, Koldo García, en la causa que les investiga por presuntas comisiones ilícitas en contratos de mascarillas durante la pandemia. Para el empresario Víctor de Aldama, también investigado en el mismo caso, el partido liderado por Alberto Núñez Feijóo pide 7 años de privación de libertad.
Las acusaciones populares coordinadas por el PP han trasladado este jueves al Tribunal Supremo el escrito de conclusiones provisionales, que incluye penas superiores a las solicitadas por la Fiscalía Anticorrupción este miércoles, de 24 años para Ábalos, 19,5 para García y 7 para Aldama.
Aparte de las peticiones de pena, el escrito también pide que Ábalos y García ingresen en prisión preventiva, tanto por los indicios «racionales» de criminalidad que ve en los hechos investigados como para evitar el riesgo de huida ante unas posibles penas de prisión elevadas. El juzgado ya ha retirado el pasaporte a los investigados, pero el PP considera que la privación provisional de libertad es «proporcionada».
El escrito de las acusaciones populares coordinadas por el PP también recoge peticiones de testigos para declarar en el juicio, entre los que destacan el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, la vicepresidenta segunda y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, o la exministra de Industria Reyes Maroto. También piden que declare como testigo el exconsejero delegado de Air Europa, Javier Hidalgo.
