La esperada noticia del regreso al Spotify, aprovechada por Joan Laporta para una minigira mediática con la finalidad de hacer olvidar el profundo impacto de la foto de Messi en el estadio y de distraer a los socios de la presentación de esa alianza liderada por Víctor Font de cara a las elecciones, se ha visto en parte ensombrecida por una palabra, estafa, que estos días está de moda en las oficinas del FC Barcelona por dos motivos diametralmente opuestos. La noticia de que la Audiencia Provincialdesactiva el archivo de una querella por estafa contra la banda del Reus, integrada por Joan Laporta, Rafael Yuste, Xavier Sala-i-Martín y Joan Oliver, y se suma de este modo a las tres causas abiertas en el juzgado por el mismo motivo, ha coincidido en el tiempo con la revelación de que varios miembros de la directiva y del núcleo duro de la presidencia han sido víctimas de una estada en la que han volado 250.000 euros por cabeza.
Algunos de los presuntos estafadores habrían sido estafados, según una noticia de La Vanguardia. Manel Pérez, adjunto a la dirección y responsable de la sección de economía, ha publicado que, en 2023, varios ejecutivos y directivos, entre ellos Enric Masip, Ferran Olivé y Mateu Alemany, invirtieron más de 250.000 euros cada uno en una subasta de inmuebles que resultó ser una estafa. Alegaron que la inversión fue recomendada por el director de la sucursal de CaixaBank del Camp Nou y solicitaron una compensación al banco, que negó responsabilidad. En enero de 2024, presentaron una denuncia contra Inmo-Kadi 2004, su propietario, Jordi Cuxart Teres, y el directivo de CaixaBank, reclamando también daños económicos a la entidad financiera. Este caso ha generado tensión interna.
Los directivos del Barça adujeron que la propuesta de inversión les llegó a través del director de la citada sucursal de CaixaBank tiene y, por ello, pidieron al banco que les compensara el dinero perdido en la fallida inversión, relata el diario. La entidad financiera se negó, además de defender la actuación de su empleado y la ausencia de responsabilidad económica por su parte. «En enero del 2024, los directivos presentaron una denuncia a la policía judicial de Barcelona contra la sociedad Inmo-Kadi 2004, que debía vender los inmuebles adjudicados y contra su propietario, Jordi Cuxart Teres. Así como contra el directivo de la sucursal de CaixaBank. También reclamaban responsabilidades económicas a la entidad financiera», relata La Vanguardia.
Estos hechos han visto la luz en el marco de las negociaciones, por ahora embarradas desde hace meses, para renovar el acuerdo del Barça con CaixaBank como partner financiero, como lo ha venido siendo desde hace muchos años. CaixaBank no las da por rotas y las desvincula completamente del suceso que ha causado, como es lógico, un perjuicio económico importante en sujetos del staff directivo y del entorno más directo al presidente. La visión y posición de la junta no es tan optimista y, desde luego, no niega que «se ha abierto un proceso y están estudiando ofertas de otras entidades financieras que plantean mejores condiciones económicas» para renovar ese convenio, por el que el banco es patrocinador principal y socio financiero desde hace años. Desde que ha empezado la temporada el logo de CaixaBank no ha sido visible en el Lluís Companys a la espera de que esta incógnita ser resuelva.
Aunque no han trascendido los nombres de los directivos de Laporta que pudieron caer en ese presunto engaño inducido por una sociedad completamente ajena a CaixaBank, las informaciones sobre la otra estafa que afecta directamente al presidente, Joan Laporta, y a su vicepresidente, Rafael Yuste -además de al vicepresidente actual de la Fundació Barça, Xavier Sala-i-Martín, y al ex director general del Barça, amigo y hombre de confianza de Laporta, Joan Oliver- amplían el espectro oscuro de su paso por el Reus. Hay un total de cuatro querellas presentadas en los juzgados de Barcelona relativas a posibles estafas cometidas con inversiones en CSSB Limited, incluyendo la actual que ordena la admisión a trámite y la investigación. La Audiencia de Barcelona ha revocado el archivo de estas querellas, señalando que era prematuro hacerlo sin investigación y resaltando indicios importantes que apuntan a un posible delito, como la falta de transparencia sobre el destino del capital y la captación basada en el prestigio de Laporta y otros implicados.
Actualmente, estas denuncias se encuentran en fase de instrucción en distintos juzgados de Barcelona. La querella principal de 4,7 millones está en el Juzgado de Instrucción número 6, con Laporta declarado investigado y pendiente de desarrollo probatorio, mientras que la Audiencia ha ordenado reactivar la instrucción en el Juzgado número 22 para la querella de 100.000 euros y otras relacionadas con otros particulares, entre ellas la del tenista Albert Ramos, también inversor afectado.
El documental El Caso Reus 2. Laportagate destapó recientemente, además, que a otros afectados por el mismo presunto modus operandi de las sociedades implicadas, Core Store y CSSB Limited, ambas propietarias del traumáticamente desaparecido Reus y encausadas por haber promovido ese negocio financiero imposible a través de la adquisición de un club chino, se les ofreció compensarle económicamente suscribiendo un contrato con el FC Barcelona a partir de que, en 2021, Laporta volvió a la presidencia. Se sospecha de que el actual responsable de las oficinas comerciales del Barça en Nueva York y Hong Kong, Bryan Bachner, entró en el club por ese motivo, como víctima de esa fallida inversión, así como el desaparecido Toni Cruz, integrante de La Trinca que aterrizó un buen día como director de Barça TV, cargo por el que estuvo cobrando hasta su fallecimiento muchos meses después del cierre del canal.
La Agencia Tributaria, por su parte, anunció el inicio de una investigación sobre posibles irregularidades fiscales vinculadas a Core Store, sociedad hermana de CSSB Limited, y ha solicitado documentación e información sobre el destino y estado de las inversiones.
