ERC, Comuns, EH Bildu, el PNB, el BNG, Compromís y Més per Mallorca han impulsado una ley de plurilingüismo en el Congreso de los Diputados, con el objetivo de «garantizar los derechos lingüísticos» para que todas las lenguas oficiales en el Estado puedan «ejercer» como tal.
La iniciativa, presentada este miércoles en una rueda de prensa, pretende blindar el uso del catalán, el gallego y el euskera en la justicia, la administración pública y la educación.
Concretamente, la iniciativa quiere que se establezca un requisito de competencia lingüística en la justicia y la función pública de las comunidades autónomas que tienen más de una lengua oficial. La ley también propone el establecimiento de criterios lingüísticos a la contratación pública en sectores como los del consumo, la seguridad, el transporte y el audiovisual.
En el ámbito educativo, se quiere garantizar que el catalán, el gallego y el euskera sean nucleares en los territorios donde se hablan y «de dominio equivalente al castellano al finalizar la etapa básica».
Además, se quiere instaurar la validez plena de documentos y actuaciones en lenguas oficiales sin que sea necesaria una traducción, y se plantea que los procedimientos de las administraciones y las plataformas digitales estén disponibles en todas las lenguas oficiales.
Los partidos que promueven la iniciativa defienden que esta ley «compensa un agravio histórico», «blinda» los derechos lingüísticos en España, y «no va en contra de nadie ni debería ofender a nadie».
Sin Junts ni el PSOE
Entre los grupos que apoyan la ley no figura Junts. Según los impulsores, el partido de Carles Puigdemont se ha «autoexcluido», pero confían en que se acabe sumando. Estos grupos también están en conversaciones con el PSOE, del que dicen que tiene dudas en las cuestiones relacionadas con el poder judicial.
