Carles Puigdemont ha reclamado hoy al Tribunal Constitucional (TC) que le levante la orden de detención. El abogado del expresidente, Gonzalo Boye, argumenta que hay que incorporar el posicionamiento del abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
Boye pide al TC que declare expresamente que la suspensión se mantendrá hasta que el tribunal dicte sentencia firme o hasta que hubiera cualquier incidencia sobre la ley de amnistía que alterara su eficacia.
Así, el escrito afirma que el análisis debe partir de la realidad jurídica existente en el momento de la resolución, y sostiene que esta realidad «se ha visto transformada de manera decisiva» por dos acontecimientos. Por un lado, el posicionamiento del TC sobre la ley, y por otro las conclusiones del abogado general del TJUE en las cuestiones prejudiciales. Sobre estas conclusiones, afirma que tienen una autoridad interpretativa «indiscutible», aunque no sean vinculantes formalmente.
En concreto, destaca que el abogado defiende que la amnistía pertenece a la competencia exclusiva de los estados miembros y que la oportunidad, alcance y el contenido de una amnistía quedan fuera del control de la Unión Europea.