La Generalitat ha documentado 1.005 fosas con víctimas de la Guerra Civil Española y la represión franquista, pero solo ha podido excavar 137 desde el inicio del siglo, principalmente a partir del primer plan de fosas aprobado en 2017. En total, se han recuperado 1.023 cuerpos, de los que solo 34 han sido identificadosplenamente mediante el ADN, mientras 8.158 familiares siguen esperando respuestas a través del censo de desaparecidos. El director general de Memoria Democrática, Francesc Xavier Menéndez, admite que el proceso avanza «más lento de lo que se querría», pero defiende que la prioridad es garantizar identificaciones rigurosas y dignificar los restos anónimos.
Coincidiendo con los 50 años de la muerte de Francisco Franco, Menéndez y el técnico Juli Cuéllar recuerdan que las políticas públicas de memoria «empezaron tarde» y que la ciencia ha demostrado que la apertura masiva y rápida de fosas era irrealizable. Sin embargo, el Gobierno asegura que mantiene un trabajo «metódico y continuado», con más de un millón de euros anuales invertidos en excavaciones, y alerta de que un eventual cambio en el Gobierno de España con PP y Vox podría conllevar recortes en las subvenciones estatales. La Generalitat, que no clasifica las fosas por bando, recuerda que en muchas se mezclan víctimas diversas —soldados republicanos, soldados franquistas, civiles y represaliados— y defiende que la dignificación es igual para todos.
El censo de desaparecidos registra mayoritariamente soldados —4.751 republicanos, 222 franquistas y 527 sin especificar— y 2.656 civiles y la Generalitat hace un llamamiento a los familiares para que aporten ADN y faciliten nuevas identificaciones. La complejidad del parentesco lejano, el deterioro de los restos y el riesgo de pérdida de ubicaciones fuera de los cementerios dificultan la tarea. El Gobierno catalán trabaja con otros territorios —como Navarra y Baleares— y reclama una base de datos estatal que permita coordinar los casos más allá de Cataluña, especialmente en el frente de Aragón, donde podría haber hasta el 10% de las víctimas inscritas en el censo.
