Unos 8.500 manifestantes, según la Guardia Urbana, han recorrido las calles de Barcelona para reclamar mejoras salariales, más recursos y una reducción de la carga burocrática en el sistema educativo. La manifestación, la primera convocada unitariamente desde 2022 por USTEC· STEs, ASPEPC· SPS, CCOO, CGT y UGT, ha lanzado un aviso directo a la consellera Esther Niubó y al Gobierno catalán. «Si no mueven ficha y se sientan a negociar la mejora de las condiciones laborales, seguiremos movilizándonos y no dudaremos en convocar huelgas a partir del segundo trimestre», ha avisado Iolanda Segura (USTEC-STEs). La movilización ha salido de Urquinaona y ha desbordado la plaza de Sant Jaume, donde era imposible acceder por la afluencia de manifestantes.
Las entidades convocantes han denunciado la pérdida del 25% del poder adquisitivo, las ratios «demasiado elevadas» y una burocracia «asfixiante», además de reclamar más personal docente y PAE y la derogación de los decretos de plantillas y direcciones. Portavoces como Ramiro Gil (ASPEPC· SPS), Ester Vila (CCOO), Laia Estapé (CGT) y Lorena Martínez (UGT) han coincidido en exigir «o negociación o movilización», recordando que el sistema educativo «se aguanta por las profesionales» tras 15 años de sueldos congelados. Docentes como Jordi Martí Font y el profesor Marc han denunciado ratios «inasumibles», clases con 38 alumnos y una carga de tareas que «no se reconoce ni social ni económicamente».
La manifestación también ha visibilizado las reivindicaciones del personal laboral –TEI, veladores, monitores, administrativos y otros perfiles– que reclaman salarios dignos, plantillas ampliadas y ratios adecuadas, alertando de que podrían convocar una huelga propia. Representantes como Elena Rosillo (UGT) han denunciado la precariedad de un colectivo que registra «el número más alto de bajas». La movilización ha contado con el apoyo de una veintena de organizaciones educativas y sociales, entre ellas Affac, SEPC, Pindoc, el Sindicato de Inquilinos, la Plataforma 0-3 y la FAVB, consolidando una respuesta masiva que los sindicatos consideran «un punto de inflexión» en la relación con el Departamento.