Hoy la Dirección General de Atención a la Infancia y a la Adolescencia (DGAIA) ya no existe. Ahora es la Dirección General de Prevención y Protección de la Infancia y la Adolescencia (DGPPIA), dependiente de la Conselleria de Derechos Sociales e Inclusión, que dirige Mònica Martínez Bravo. Pero el nombre de la DGAIA persiste en el imaginario colectivo, como sinónimo de «secuestradora» de niños de familias pobres, abusos sexuales, mala gestión, corrupción política, clientelismo y malversación de dinero público.
Ahora mismo, está en marcha una comisión de investigación en el Parlamento de Cataluña para intentar poner luz en este pozo fétido de quejas escalofriantes de madres a las que la administración les ha arrebatado a sus hijos, denuncias de trabajadores, grabaciones comprometedoras, demoledores informes de la Sindicatura de Comptes y de la Síndic de Greuges, operaciones policiales para desmantelar redes de prostitución y de fraude con jóvenes tutelados…
La consejera Mònica Martínez Bravo ha adoptado dos buenas decisiones: liberar a la DGPPIA de los procesos de contratación de las empresas prestadoras de servicios externalizados y centralizar en la administración el pago de las prestaciones que se otorgan a los jóvenes ex-tutelados y que hacían las entidades adjudicatarias.
Hay que tener presente que, más allá de los escándalos políticos que la rodean, la DGAIA (ahora DGPPIA) tiene entre manos un colectivo extremadamente sensible y precioso, que hay que salvaguardar por encima de todo: los 20.000 niños, chicos y chicas que, por múltiples razones, han quedado desamparados. La casuística es muy variada: hijos de familias pobres o desestructuradas, menores extranjeros que llegan solos a Cataluña, niños y jóvenes muy conflictivos que caen en la delincuencia, adolescentes que deciden abandonar el hogar familiar…
La sociedad, a través de la administración, tiene la obligación moral y democrática de hacerse cargo de estas personas desvalidas, que tienen toda la vida por delante, y hacer todo lo posible para encaminarlas hacia la edad adulta garantizándoles el derecho a la educación, al bienestar personal y a la autonomía.
Por consiguiente, mucho cuidado a la hora de hacer ruido y demagogia sobre la DGAIA. ¿Transparencia? ¡Toda! ¿Convocatoria pública y auditada de los concursos para la adjudicación de determinados servicios a proveedores externos? ¡Siempre! ¿Control exhaustivo de la gestión de los recursos públicos que se dedican a este colectivo? ¡Hasta el último euro!
Pero no es el mismo cobrar una comisión del 3% porla adjudicación corrupta de obras públicas que el desbarajuste administrativo detectado en el pago de ayudas a jóvenes extutelados. A los niños y adolescentes hay que protegerlos, no criminalizarlos.
Por eso, hay que aplaudir la decisión del Parlament de Catalunya -con los vergonzosos votos en contra del PPC, Vox y Aliança Catalana- de condonar el reembolso de las prestaciones indebidas cobradas por jóvenes ex-tutelados, que se encuentran en situación de vulnerabilidad. La consejera de Derechos Sociales e Inclusión, Mònica Martínez Bravo, ha defendido que no se trata solo de una medida económica sino de una medida de «justicia social».
El desbarajuste contable y las conexiones políticas de ERC con la mayor proveedora de servicios de la antigua DGAIA, la Plataforma Educativa, han sido aprovechados por Junts, la extrema derecha y sus satélites mediáticos y en redes para montar una intensa campaña contra el partido de Oriol Junqueras, pero que tiene como víctimas propiciatorias a los miles de niños y jóvenes tutelados, en especial los de procedencia magrebí, directamente señalados como delincuentes en potencia.
Como en todo organismo de la administración, hay que exigir a la nueva DGPPIA la máxima responsabilidad y diligencia en la gestión de sus competencias. Sabiendo que tiene a cargo a un colectivo muy delicado de menores que, a pesar de su corta edad, ya arrastran muchas heridas emocionales y traumas y están rodeados de riesgos que les pueden hacer caer por el mal camino.
Máximo respeto también para los profesionales que están a pie de calle, por los que velan por el bienestar de los internos que están en centros de acogida y por los que se hacen cargo de los pisos de extutelados. Su trabajo es muy duro y exigente y, a menudo, poco reconocido y mal pagado. Necesitan todo el apoyo y una orientación clara de sus funciones por parte de la dirección de la DGPPIA.
En el pasado, y bajo administraciones de todos los colores -durante muchos años, en manos de CiU- la DGAIA ha sido un foco de conflictividad y de irregularidades permanentes. Cargar las tintas contra el periodo que la gestionó ERC (2016-21 y 2022-24), que coincidió con la gran llegada de menores magrebíes y la situación crítica de la pandemia de la Covid, es parcial e injusto.
¿Hay que ir a fondo y exigir responsabilidades por las anomalías detectadas por el informe de la Sindicatura de Comptes durante el periodo 2016-20, como pide la Fiscalía? Sí. Pero todos debemos tener muy claro que hay que dejar al margen a los profesionales y a los menores que tienen a su cargo, que son los eslabones débiles de esta cadena de errores y despropósitos, que se arrastran desde la misma creación del primigenio departamento de Bienestar Social en 1988, con el polémico Antoni Comas al frente.
Conociendo al diputado Jordi Riba, presidente de la comisión de investigación del Parlament, estoy convencido que hará un buen trabajo y que será exigente a la hora de cortar los brotes de demagogia.