El juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos ha quedado visto para sentencia este jueves en el Tribunal Supremo. García Ortiz ha reiterado que es inocente en la sexta y última jornada del juicio, negando que hubiera filtrado correos electrónicos en los que la defensa del empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, admitía que había cometido un delito para llegar a un acuerdo de conformidad.
La acusación particular que ejerce González Amador ha pedido cuatro años de prisión y tres de suspensión e inhabilitación para el fiscal general, mientras que el Colegio de la Abogacía de Madrid, Manos Limpias, Hazte Oír y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) se han personado como acusación popular, y han pedido seis años de prisión para García Ortiz.
A partir de ahí, el tribunal deberá valorar un proceso que ha estado marcado por una tensión institucional persistente y por la disputa jurídica sobre la naturaleza del secreto profesional que, según la defensa, no se habría vulnerado en ningún momento. García Ortiz mantuvo que la información investigada ya circulaba en ámbitos periodísticos y que su actuación se limitó a responder a una presión mediática excepcional sin romper reserva procesal alguna.
Sin embargo, las acusaciones sostenían que el contenido del correo electrónico mantenía un carácter estrictamente confidencial y que su publicación, fuera directa o a través de otros actores, habría afectado de manera significativa al derecho de defensa de González Amador y al funcionamiento imparcial de la Fiscalía.
El Tribunal Supremo también deberá determinar hasta qué punto las decisiones adoptadas dentro del Ministerio Fiscal pueden atribuirse personalmente a García Ortiz o si forman parte de dinámicas internas habituales en situaciones de alto interés político y mediático. Este debate ha sido central porque define la responsabilidad individual del fiscal general y los límites entre la comunicación institucional y la actuación susceptible de sanción penal.
Una resolución con consecuencias institucionales
El veredicto puede convertirse en un precedente sobre el margen de maniobra de la Fiscalía en materia de comunicación pública y sobre el nivel de exigencia que puede imponerse al fiscal general a la gestión de información delicada.
El caso ha adquirido un fuerte componente político y ha proyectado dudas sobre la neutralidad y resistencia de las instituciones en un contexto de polarización, de modo que una condena o una absolución pueden redefinir no solo la posición de García Ortiz sino también la percepción social del Ministerio Fiscal y de su independencia.
