La Federación de Asociaciones Vecinales de Barcelona (FAVB) quiere que la Fiscalía investigue al Ayuntamiento de Barcelona para dejar perder fondos Next Generation para la rehabilitación de viviendas en los barrios del Besòs, La Pau, Trinitat Vella, el Poblenou y el Carmel. Calculan que actualmente hay 8.000 inmuebles con graves daños estructurales, aunque sospechan que podría haber más.
Por todo ello, piden a la Generalidad que asuma la tarea de rehabilitación de los edificios. «No se puede dejar la gestión de estos barrios en manos municipales porque cada vez que hay un cambio de sillas se retiran los proyectos», ha denunciado la portavoz de los afectados en el Besòs, Tareixa Pardo.
«Hemos visto como el consistorio paralizó el proyecto piloto de reforma cuando estaban todos los proyectos redactados en el año 2022 y la ejecución tenía que ser en el año 2023», carga la portavoz, que asegura que los vecinos han estado «engañados» por el gobierno municipal durante todo este tiempo.
En este sentido, señala que cuando los afectados alertaban a la administración de que perderían los fondos europeos para no acabar las obras de rehabilitación a tiempo, antes de agosto de 2026, les contestaban con evasivas. «Ahora ya estamos fuera de plazo. Algunas obras pilotos llegarán a tiempo, pero las que no han empezado evidentemente no», lamenta Pardo. Concretamente, según la FAVB, hay 5.000 viviendas con problemas estructurales en el Besòs, 2.800 de las cuales está en riesgo grave, 2.500 en La Pau, 432 en Trinitat Vella, 314 en Poblenou, y 5 más en el Carmel.
En cuanto a los otros barrios, afectados en menor medida, el portavoz de La Paz señala que los edificios con daños estructurales se construyeron con materiales de baja calidad, como el cemento luminoso.
Concretamente en La Paz, reconoce que durante la década de los 2010 se realizaron obras de mantenimiento y rehabilitación en algunas viviendas con estas afectaciones, pero en este caso tampoco se utilizaron los materiales idóneos. Con todo, la FAVB se resiste a adoptar «el relato de las administraciones», que responsabiliza a los propietarios de las obras, porque las afectaciones están en la estructura de los edificios.