Desde hace unas semanas, el aborto se ha convertido en un derecho que en la Comunidad de Madrid se está poniendo en cuestión. Todo empezó cuando, a finales de septiembre, el ayuntamiento encabezado por José Luis Martínez-Almeida aprobó una propuesta de Vox para informar a las mujeres sobre el supuesto síndrome posaborto. Según Carla Toscano, concejal de la ultraderecha, este consistiría en «depresión, un profundo sentimiento de culpa, aislamiento, imágenes recurrentes, pesadillas, insomnio, alcoholismo, anorexia, bulimia, disfunciones sexuales, autolesiones y agresividad”, entre otros.
Después de les fuertes críticas de la oposición de izquierdas —PSOE y Más Madrid—, que anunció que acudiría a los tribunales si la medida salía adelante, y de avisos de no aplicarla por parte de los trabajadores de los centros municipales —Madrid Salud, los espacios de igualdad, los futuros centros integrales de atención a la mujer (CIAM), Samur Social y los servicios sociales—, el alcalde tuvo que rectificar. Solo dos días después de la votación, en que el Partido Popular municipal, con mayoría absoluta, no tenía ninguna necesidad de enredarse, Almeida afirmaba que el citado síndrome “no es una categoría científica reconocida”, si bien tuvo que pasar un mes para que aclarase: “Nos equivocamos”, curiosamente sin anular la medida aprobada de la mano de Vox.
En ese contexto, pocos días después de la primera rectificación de Almeida, el presidente del Gobierno Pedro Sánchez enviaba una carta a sus homólogos autonómicos de Aragón, Asturias, Baleares y Madrid en que les daba tres meses para que creasen un registro de objetores de conciencia para la práctica del aborto. Se trataba de las únicas comunidades que aún no lo habían hecho, incumpliendo una ley que rige desde 2023, con un protocolo de actuación aprobado por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud de diciembre de 2024.
Mientras que los gobiernos de las tres primeras comunidades se comprometían a hacerlo, la presidenta madrileña señalaba que la herramienta solo servía para “estigmatizar” a los sanitarios. Y en un discurso en la cámara autonómica, iba un paso más allá: “No voy a hacer una lista negra de médicos nunca. Cada año se abortan en España a 106.000 personas” y, dirigiéndose a los representantes de Más Madrid, añadía: “En diez años, desde que ustedes llegaron a la política, se ha abortado en España a un millón. ¿Le parece poco? ¿Quieren más?”, para acabar sentenciando: “Pues váyanse a otro sitio a abortar».
Así se despachaba la presidenta madrileña ante una cuestión tan sensible, una decisión que no ha de ser nada fácil para la mayoría de mujeres que deben tomarla, y que tienen que ver cómo su derecho se cuestiona por parte de quien lo debería defender o al menos reconocerlo. Le guste o no a Ayuso, el derecho al aborto existe y se debe respetar y, por parte de las instituciones públicas, hacer respetar; lo contrario a mandar a las mujeres madrileñas a abortar a otro lugar. El mensaje, que recordaba los ingratos tiempos de la dictadura franquista, en que había que ir a Londres para hacerlo, ponía en contradicción a la propia Ayuso respecto a lo que decía tiempo atrás. Y es que en 2022, en una controversia con Feijóo, la líder popular afirmaba: “Una vez que una mujer tiene claro que no quiere salir adelante con ello, yo creo que no puedes obligar a nadie a llevar una vida contraria a la que ha deseado”.
En lo que no cambia Ayuso es en hacer aquello en que es especialista: poner en compromiso a su jefe nacional, que, en plena polémica sobre las listas de los objetores de conciencia, aseguró que cuando llegara al Gobierno la lista sería “la contraria: lo importante para una mujer es saber qué ginecólogos, qué obstetras están a su disposición”. Esa sí que podría ser la lista negra de la que hablaba Ayuso, sobre todo teniendo en cuenta los grupos de derecha y ultraderecha que asedian a los que hacen cosas que no les gustan.
El PP ha demostrado de nuevo no tener una posición definida respecto al aborto y se ha metido en un lodazal que da poca tranquilidad a las mujeres que en el futuro se vean ante esa disyuntiva. Es una cuestión que puede plantear importantes dilemas morales, pero cuando la sociedad lo ha legalizado como un derecho, no se puede retroceder haciendo que puedan abortar las mujeres que tienen dinero y pueden irse a otro país, y se vean en situaciones límite y de abandono las que no tienen esa posibilidad.
Que Almeida, Ayuso y Feijóo se reúnan algún día y aclaren ideas estaría bien para que no nos preguntemos qué podría pasar el día que el Partido Popular vuelva a legislar al respecto.