La Fiscalía de Consumo de Barcelona ha requerido a la Agencia de Vivienda de Cataluña que sancione al propietario de un local donde se detectaron 18 infraviviendas en el barrio de Coll i Pujol de Badalona. Las habitaciones, de solo 15 metros cuadrados y sin ventilación, fueron desalojadas hace un año por el Ayuntamiento de Badalona, que encontró familias vulnerables viviendo en condiciones insalubres. El propietario había transformado una antigua carpintería en pequeños espacios de alquiler sin permisos, cobrando hasta 450 euros mensuales por habitación.
La fiscal delegada de Consumo, Paloma Pelegrín, ya había pedido abrir un expediente sancionador, pero la actuación se había encallado entre la Agencia Catalana de Consumo y la Agencia de Vivienda, hasta que la Fiscalía ha vuelto a insistir hace dos semanas. Durante el operativo de desalojo, el alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, denunció que las personas afectadas eran «personas humildes que el único delito que habían cometido era no poder pagar un alquiler» y prometió una respuesta «ejemplar» con sanciones de entre 10 y 12 millones de euros.
El local, situado en la calle San Juan de la Cruz, 153, formaba parte de un edificio del mismo propietario, que controla 24 de los 26 pisos del bloque. Las «madrigueras», como las definió Albiol, estaban siendo gestionadas por la sociedad Urbanizadora Badalonense, que también es objeto de investigación por posibles casos similares en la ciudad. El alcalde calificó la situación de «condiciones infrahumanas» y lamentó que una persona «despiadada y sin escrúpulos» se aprovechara de la desesperación de familias vulnerables.
