El juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por una presunta revelación de secretos, ha vivido hoy una jornada clave con las declaraciones de varios testigos que han desvinculado a la Fiscalía de la filtración de un correo electrónico relacionado con la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
Según los testigos, la difusión de aquel correo —en el que el abogado de Alberto González Amador proponía un acuerdo con la Fiscalía para regularizar su situación con Hacienda— no tuvo origen en la Fiscalía General del Estado, sino que la información ya circulaba entre varios actores políticos y mediáticos antes de que García Ortiz tuviera conocimiento de ello.
Los exdirigentes socialistas Juan Lobato y Pilar Sánchez Acera han declarado ante el Tribunal Supremo que recibieron el documento antes de que se hiciera público, pero han asegurado que no provino de la Fiscalía ni del Gobierno. Sus palabras refuerzan la tesis de la defensa de García Ortiz, que sostiene que no hubo ninguna actuación irregular desde la cúpula del Ministerio Público.
Secreto profesional
Por su parte, varios periodistas citados como testigos han insistido en que ya conocían el contenido del correo u otros detalles de la negociación antes de su publicación. Todos ellos se han acogido al derecho a no revelar el origen de la información, invocando la protección del secreto profesional. Esta decisión ha sido respetada por el tribunal, que ha reconocido el valor del derecho a la confidencialidad de las fuentes informativas.
De hecho, el periodista de ElDiario.esJosé Precedo ha explicado que él sabe que el fiscal general es inocente porque conoce la fuente de esta información, de manera que tiene un «dilema moral bastante grande». «No la puedo decir», ha dicho durante la tercera jornada de un procedimiento que se reanudará el próximo martes por la mañana con más periodistas y representantes de la fiscalía y el Colegio de Abogados de Madrid.
