El Parlamento ha votado a favor de perdonar el cobro de los pagos indebidos a jóvenes extutelados. Sólo PP, Vox y Alianza Catalana han votado en contra de avalar el decreto del Gobierno.
Está previsto que la medida beneficie a los perceptores de la prestación que se encuentran en situación de vulnerabilidad. La consejera de Derechos Sociales e Inclusión, Mónica Martínez, ha defendido que no se trata solo de una medida económica sino de una medida de justicia social.
La consejera ha enmarcado la propuesta en la transformación profunda del Gobierno en la atención a la infancia y la adolescencia y la gestión de las prestaciones. Asimismo, la consejera ha asegurado que la problemática «está prácticamente resuelta».
El decreto establece que la Generalitat no exigirá la devolución de los importes que hasta el momento de la entrada en vigor del texto no se hayan satisfecho las personas que sean o hayan sido perceptoras de la prestación para jóvenes extutelados que se encuentren en situación de vulnerabilidad.
Es decir, que perciban prestaciones como el ingreso mínimo vital, la renta garantizada de ciudadanía o alguno de sus complementos o que durante 2024 hayan percibido ingresos inferiores a dos veces el salario mínimo interprofesional. El texto también regula las actuaciones para comprobar los datos aportados para acreditar estas circunstancias.
Falta de recursos
La consejera Martínez ha situado el origen de los pagos indebidos a la «falta de recursos técnicos y humanos» y a un modelo de gestión «obsoleto». «El pago de indebidos es una problemática muy grave. Sobre todo para las personas que reciben notificaciones porque la administración les ha pagado de más, pero también es un problema para los funcionarios, que están obligados por ley a reclamar los pagos indebidos», ha añadido la consejera.
Sin embargo, ha asegurado que la problemática está «prácticamente resuelta» y ha recordado que desde el 1 de noviembre la Dirección General de Prestaciones Sociales gestiona «íntegramente» las ayudas a extutelados. En este sentido, la consejera ha afirmado que «la solución ya está en marcha» pero ha añadido que lo que no se puede hacer es que la situación la paguen los jóvenes más vulnerables.
Buena administración
Per altra part, el Parlament ha aprovat la proposició de llei sobre una bona administració que han impulsat PSC, ERC i Comuns. El text modifica la normativa en relació amb el dret a una atenció adequada i una bona administració, i s’ha tramitat pel procediment exprés de lectura única.
El nuevo redactado establece que no es obligatorio devolver las prestaciones para necesidades esenciales de subsistencia que se hayan percibido indebidamente por un error administrativo. Han votado a favor PSC, Junts, ERC, PPC, Comunes y CUP, y se han abstenido Vox y Alianza
Entre otros cambios, el texto también prohíbe expresamente la cita previa obligatoria, e introduce el derecho de las personas a rectificar ante la administración para evitar sanciones por errores cometidos con buena fe.