El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha afirmado que el informe completo de la Unidad Central Operativa (UCO) que se ha dado a conocer este lunes demuestra que «no hay comisiones, ni sobornos, ni mujeres explotadas», ni ninguna de las acusaciones que le han hecho, y evidencia que ha sido objeto de un «ataque difamatorio con insidias, falsedades y vilezas».
En una rueda de prensa en el Ministerio, ha reclamado al PP que le pida «disculpas», y ha anunciado una querella contra el empresario Víctor de Aldama por intromisión a su derecho al honor. «Me ha acusado de hechos muy graves que ya he desmontado» con pruebas «que no existen», ha dicho.
Según el ministro, el informe de cerca de 400 páginas que se ha dado a conocer no incluye «ninguna actuación delictiva» de su parte como presidente de Canarias, ni hace mención alguna al ‘Rudolph’, el sobrenombre que según Aldama hacía referencia al ministro.
Ha asegurado que sus contactos con Aldama se limitan a un único mensaje de whatsapp que él nunca contestó. La prueba de esta relación inexistente, ha dicho, es que después «de años de investigación» el informe de la UCO solo contiene este único mensaje. «Yo he dicho siempre que no tenía ninguna relación con esta persona», ha sentenciado.
Justifica su interés
También ha explicado el contenido de sus conversaciones con Koldo García, el exasesor del exministro José Luis Ábalos, interesándose por los pagos a la empresa de Aldama. Según ha afirmado, él «nunca participó en las contrataciones», pero sí tenía voluntad de que se pagara el material sanitario que ya se había entregado. «Estábamos incumpliendo un contrato firmado», ha añadido, y «necesitábamos test de antígenos para mantener el turismo».
También ha explicado que durante la pandemia tuvo «diferencias» con el entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa, porque quería que Canarias recibiera test de antígenos para poder reabrir el turismo, mientras que el gobierno español quería que las pruebas se hicieran con PCR.

