La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha emitido un nuevo informe sobre la trama de contrataciones de material sanitario durante la pandemia que apunta directamente a Ángel Víctor Torres, actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática y expresidente del gobierno de Canarias.
Según el documento, Torres habría intervenido en el pago de un contrato de más de 12 millones de euros para la empresa Soluciones de Gestión, vinculada al empresario Víctor de Aldama y al exasesor ministerial Koldo García.
Gestiones y mensajes bajo sospecha
El informe recoge conversaciones y documentos que sitúan a Koldo García como intermediario entre el gobierno canario y Soluciones de Gestión. En una de las comunicaciones incorporadas a la investigación, García envía a Aldama una captura de pantalla de una conversación con Torres, en la que el ministro asegura que «ya está validado el material» y que se encuentra «encima de tu pago».
Estas pruebas, según la UCO, evidenciarían que Torres tuvo un papel activo para acelerar el cobro del contrato, adjudicado en 2020 por un importe de 12,3 millones de euros a través del Servicio Canario de Salud.
Posible trama de comisiones
Los investigadores también documentan pagos mensuales de 10.000 euros en efectivo de Víctor de Aldama a Koldo García, supuestamente en concepto de comisiones por su mediación en contratos públicos.
Estos hechos, según la UCO, formarían parte de una trama sostenida de favores e influencias entre empresarios y cargos públicos durante los meses más duros de la crisis sanitaria.
Reacciones políticas opuestas
El Partido Popular ha exigido la dimisión inmediata de Torres, afirmando que su «continuidad es imposible» ante la gravedad de las informaciones contenidas en el informe.
Por su parte, el Ministerio de Política Territorial defiende que el documento «demuestra la falsedad de las acusaciones» contra el ministro e insiste en que Torres «no intervino en ningún proceso de contratación», limitándose a la supervisión política habitual del gobierno canario durante la emergencia sanitaria.
Un informe todavía incompleto
A pesar del impacto político y mediático, el informe aún no ha sido entregado íntegramente al juzgado que instruye la causa. Solo se han facilitado 87 de las 353 páginas totales, que contienen los primeros resultados de la investigación.
En las próximas semanas, la UCO debe remitir el resto de la documentación, que podría aclarar si hay indicios de delito de soborno o prevaricación o si, por el contrario, las gestiones de Torres se limitaron a un seguimiento administrativo ordinario.
Escenario abierto
La nueva información complica el panorama político para Torres, que hasta ahora había sostenido que no había ninguna prueba que lo relacionara con la trama. El caso sigue abierto y puede tener repercusiones tanto en el PSOE canario como en el gobierno central, en plena negociación de presupuestos.
Mientras tanto, la UCO mantiene la investigación sobre los flujos económicos y las comunicaciones internas de los principales implicados para determinar el alcance real de la trama de las mascarillas.
