El Tribunal de Cuentas ha condenado al magistrado Daniel de Alfonso a devolver a la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC), que dirigió de 2011 a 2016, un total de 82.341 euros correspondientes a trienios cobrados indebidamente.
Además, el principal órgano fiscalizador de la gestión económica en el sector público en España ha considerado «gravemente negligente» el comportamiento de De Alfonso.
Aunque Antifraude y la Fiscalía pedían 205.000 euros a él y dos excargos más, la consejera del tribunal ha concluido que debe devolver 82.341 euros, ya que solo se le puede considerar responsable del cobro de una parte y el resto «está prescrito».
La consejera refleja en la resolución, en concreto, que «debe considerarse prescrita» la responsabilidad contable derivada de todos los pagos injustificados efectuados antes del 27 de marzo de 2013, dado que, respecto a estos pagos, se habría completado el plazo de prescripción de 5 años porque la interrupción del plazo está fijada el 27 de marzo de 2018, que es cuando se aprobó el informe de la Sindicatura de Cuentas sobre el ejercicio de la OAC correspondiente al año 2015.
La resolución no es firme y De Alfonso, que ahora es magistrado en un juzgado de vigilancia penitenciaria de Cantabria, puede presentar recurso contencioso-administrativo ante la justicia ordinaria.
De Alfonso fue destituido en 2016 por el Parlamento de Cataluña después de que se difundieran los audios de una conversación suya con quien entonces era el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, en la que hablaban de atribuir casos de corrupción a políticos de ERC y Convergència.
