El juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en el Tribunal Supremo ha comenzado este lunes por la mañana. El procedimiento busca aclarar la supuesta filtración de un correo en el que el abogado de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, reconocía que su cliente, Alberto González Amador, había defraudado a Hacienda.
García Ortiz, que está acusado de un delito de revelación de secretos, será juzgado por cinco magistrados de mayoría conservadora y ha negado haber cometido el delito que se le imputa. Tras escuchar los hechos que se le atribuyen y las penas pedidas por la acusación particular, el presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta, ha preguntado al fiscal general si admitía los hechos, a lo que García Ortiz ha respondido que «no».
El actual fiscal general es el primer máximo responsable de la Fiscalía juzgado en democracia. Sin embargo, el Gobierno español le ha reiterado su apoyo y ha mostrado confianza en que el tribunal constatará su inocencia. Las acusaciones populares presentes -entre las que destacan la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), Hazte Oír, Vox y Manos Limpias– piden hasta seis años de prisión para García Ortiz.
Una investigación «sesgada»
La abogada del fiscal general, Consuelo Castro, ha dedicado su exposición a criticar la instrucción del caso y a lamentar que la policía interviniera todo tipo de documentos y aparatos móviles y ordenadores del fiscal, aunque inicialmente se pidió recopilar solo algunos datos. Según su parecer, las autoridades policiales hicieron un registro «indiscriminado» durante la entrada a la Fiscalía General y al despacho del fiscal, que debería quedar anulado.
«Además de la vulneración del derecho a la intimidad que supuso el auto de entrada y registro y todas las actuaciones que le siguieron, en el curso de toda la instrucción se produjeron múltiples vulneraciones al derecho a un proceso justo y con garantías que reconoce (…) la Constitución. Las garantías propias de un proceso justo son plenamente aplicables a la instrucción», ha expuesto la abogada de García Ortiz.
Según Castro, tanto por «número» como por «entidad», las «irregularidades» cometidas en la instrucción permiten sostener que el fiscal general ha sido sometido a un proceso «injusto en conjunto». «Sus derechos no se han visto garantizados y no se ha podido defender en las condiciones exigibles», ha denunciado ante la sala del Supremo. En su opinión, se le ha vulnerado el derecho a la presunción de inocencia al «orientar» las indagaciones sólo hacia García Ortiz mientras se descartaban «otras alternativas» verosímiles.
«A juicio de esta parte, la manera en la que se ha desarrollado la instrucción pone de manifiesto que se inició con la idea preconcebida de que el investigado era culpable, y con el objetivo de encontrar las pruebas que pudieran demostrar esta culpabilidad», ha argumentado la abogada. En este sentido, ha dicho que la orientación «sesgada» de la investigación se demuestra con la manera en la que se abrió la instrucción donde se «transparenta» la voluntad de privar de «capacidad de defensa» a García Ortiz.
La defensa del fiscal general también lamenta la «desidia» y la «resistencia» del instructor de investigar otras «posibles fuentes» de la filtración del correo electrónico que ha dado pie al caso. En este sentido, afirman que «nunca» se quiso examinar los accesos a los equipos informáticos donde estaba esta información, aunque la defensa acreditó que había muchas personas que «potencialmente» podrían haber podido acceder.
Castro también ha apuntado que la intervención de comunicaciones solo se puede dar en delitos de organización criminal o terrorismo, o si el delito está cometido con instrumentos informáticos, entre otros. «Ninguno de los supuestos se da en este caso», ha alertado una de las representantes de García Ortiz, diciendo que esta recogida de pruebas debería ser nula por suponer una vulneración de los derechos humanos y la Constitución.