La Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI, por sus siglas en inglés), el órgano del Consejo de Europa para luchar contra el racismo, ha reclamado a España que intensifique la lucha contra el racismo y la intolerancia, especialmente en las prácticas policiales donde se aplican sesgos raciales y en las redes sociales.
En su nuevo informe, la ECRI advierte que el discurso de odio continúa muy presente en internet y en la política, y que colectivos como las personas migrantes, gitanas, musulmanas o trans aún sufren discriminación. A pesar de reconocer avances en los últimos años, la ECRI reclama más acciones para garantizar una igualdad real y combatir la desconfianza de las víctimas hacia las instituciones.
El informe, publicado este jueves, pide a España que controle mejor las identificaciones policiales para evitar casos de sesgo racial, que afectan sobre todo a personas migrantes, afrodescendientes y gitanas. También reclama que se mejoren los mecanismos para eliminar el odio en las redes sociales, donde sólo se llega a retirar la mitad de los contenidos denunciados.
La ECRI reconoce avances, como la creación de oficinas y fiscales especializados en delitos de odio, y la aprobación de nuevas leyes contra la discriminación y a favor de los derechos LGTBI. Sin embargo, advierte que el discurso de odio político y en internet va en aumento y que muchas víctimas no denuncian por miedo o desconfianza.
El organismo también destaca la situación vulnerable de los jóvenes migrantes que salen del sistema de protección y las dificultades educativas de los niños gitanos, con tasas altas de fracaso y abandono escolar. En el caso de las personas trans, a pesar de los avances legales, alerta de que todavía tienen dificultades para acceder a la atención sanitaria adecuada y que los discursos de odio contra ellas van al alza.
A pesar de las iniciativas a escala local y la implicación de autoridades y entidades sociales, la ECRI considera que España necesita «más coordinación y compromiso político» para hacer frente a la intolerancia y fomentar la convivencia. El Consejo de Europa volverá a revisar de aquí a dos años si el país ha aplicado sus recomendaciones.
