El Congreso ha aprobado este miércoles en comisión la ponencia de la nueva ley de atención al cliente, una iniciativa del gobierno español para mejorar el servicio a los consumidores que, entre otros objetivos, quiere garantizar el uso de lenguas como el catalán o el vasco. Según el redactado validado en la Comisión de Derechos Sociales y Consumo, hay que «asegurar» que la atención al consumidor se haga en castellano o en cualquiera de las lenguas oficiales cuando el servicio se dirija a usuarios de comunidades que tengan idiomas propios. La norma, que ahora deberá validarse en pleno, también prevé acciones para acabar con las llamadas ‘spam’ de las empresas.
La aprobación de la ley en comisión llega después de que, en el mes de septiembre, Junts y el gobierno español acordaran varias modificaciones al Proyecto de Ley de Atención al Cliente para garantizar que se respeten los derechos lingüísticos de los clientes. El acuerdo recogió críticas entre la patronal CEOE, que lamentaba los sobrecostes que puede generar la nueva legislación, y por parte del PP, que lo considera una nueva cesión al partido de Carles Puigdemont. Por el contrario, las organizaciones de consumidores avalaron la propuesta, que va en línea con iniciativas similares que habían encallado en anteriores legislaturas.
Durante el turno de fijación de voto, el diputado de Junts Josep Maria Cruset ha afirmado que la nueva ley representa «un cambio sustancial en cuanto a los derechos lingüísticos de los ciudadanos». «Prevalece lo que dirá la norma de aplicación en Cataluña por encima del ámbito de aplicación de esta ley», ha apuntado, resaltando la «protección competencial» que supone. Sin embargo, ha recordado que las enmiendas del gobierno español tienen un voto contrario en coherencia con la «nueva realidad» de las relaciones entre Junts y el ejecutivo.
Por parte de ERC, el diputado Jordi Salvador ha destacado que la norma ofrece «derechos concretos» a la ciudadanía porque obliga a las grandes empresas a atender bien a la ciudadanía, evitando «laberintos telefónicos». Además, ha subrayado que finalmente se protege el derecho de los ciudadanos a ser atendidos en su lengua. «Por primera vez se reconoce por ley que la ciudadanía tiene derecho a ser atendida en catalán. (…) Deja de depender de la buena voluntad de la compañía y pasa a ser una obligación jurídica», ha apuntado.
Limitación a las llamadas ‘spam’
Entre las enmiendas incorporadas al texto de la ley hay una para prohibir las llamadas ‘spam’ originalmente presentada por Sumar, pero que ha reunido los apoyos de Junts, ERC y el PP, que han añadido retoques para proteger a las compañías más pequeñas y evitar oligopolios. Esta propuesta prevé que las llamadas de publicidad tengan un prefijo especial. Además, se exigirá que los operadores telefónicos bloqueen las llamadas hechas con números de tarificación especial. Según ha destacado el Ministerio de Consumo, las llamadas comerciales sin consentimiento también quedarán prohibidas y los contratos que se cierren en estas llamadas quedarán anulados.
