El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, acompañado de la consejera de Derechos Sociales e Inclusión, Mònica Martínez Bravo, han presentado este miércoles el plan Futuro y transformación del barrio de La Mina 2025-2030. Este es un proyecto donde se prevén actuaciones para los próximos cinco años con unas inversiones por 113,2 millones de euros.
Este plan lo llevará a cabo la Generalitat conjuntamente con el resto de administraciones que forman parte del Consorcio del Barrio de la Mina, (Diputación de Barcelona y ayuntamientos de Barcelona y de Sant Adrià de Besòs).
En este sentido, el presidente catalán ha asegurado durante la presentación del proyecto de reforma de este barrio que «las administraciones públicas no dejarán la Mina, no marcharemos», y ha añadido que «con el plan que presentamos hoy daremos un salto adelante muy importante, pero no lo resolveremos todo, seguirá habiendo trabajo por hacer y nosotros seguiremos estando aquí».
En esta misma línea, Illa ha señalado que «la Mina, como todos los barrios de Cataluña, es un barrio con orden, con ley y con convivencia, un barrio donde el Gobierno invierte».
El presidente ha aprovechado para lanzar un mensaje de optimismo cuando ha dicho que en La Mina hay «orden, inversión, esperanza e ilusión». En este contexto, ha citado al presidente Jordi Pujol, señalando que «no podrá haber un país bien construido si entre todos no construimos un país válido para todos».
Cuatro grandes proyectos
El presidente ha detallado los proyectos previstos en este plan, cuyo presupuesto será asumido por diferentes departamentos de la Generalidad. En primer lugar, se prevé la construcción de un edificio de 66 viviendas de protección oficial (con un presupuesto estimado de 11,62 millones de euros), que será asumido por el Departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica; un equipamiento para personas mayores (12,11 millones de euros), que corresponderá al Departamento de Derechos Sociales e Inclusión; la guardería (5,93 millones de euros), asumida por el Departamento de Educación, y el Centro Internacional de Luchas Olímpicas (6,65 millones de euros), a cargo del presupuesto del Departamento de Deportes. También se iniciará el próximo año la remodelación del centro cívico y comunitario, con un coste de 3 millones de euros.
Además, se reforzarán los programas sociales de acción comunitaria. La acción social, que se está definiendo junto con las entidades del barrio, aumenta su presupuesto hasta llegar a los 12 millones de euros en todo el periodo.
En el acto también ha intervenido la consejera Martínez Bravo, que ha destacado que»estamos hablando de una transformación integral, que actúa sobre el espacio urbano, pero también sobre las oportunidades de futuro, los vínculos comunitarios y las condiciones de vida de las personas que viven en el barrio».
Nueva estrategia para el edificio Venus
En el marco de este plan, también se presenta una nueva estrategia para adelantar el derribo del edificio Venus. El enfoque anterior preveía esperar a la construcción de nuevas viviendas protegidas, lo que aplazaba la actuación hasta 2030. Ahora se prioriza la adquisición de vivienda en el mercado secundario, con el objetivo de completar el realojamiento durante el año 2027.
Este cambio es posible gracias al incremento de la inversión de las administraciones que integran el Consorcio del Barrio de La Mina, que duplicarán su aportación económica. El presupuesto anual se amplía en 6,52 millones de euros, hasta los 13,34 millones de euros anuales.
El Consorcio del Barrio de La Mina ha adquirido, hasta ahora, 40 pisos para ofrecerlos a las familias del Venus y se comprarán, como mínimo, 15 más antes de que acabe el año.
Se seguirán adquiriendo viviendas para poder dar acogida a todo el vecindario que tenga derecho al realojamiento urbanístico o al realojamiento social, al ser familias vulnerables. El coste total de la gestión del edificio Venus será de 53,11 millones de euros.
Se prevén otras actuaciones más al futuro, entre ellas, la construcción de 240 pisos sociales en el marco del Plan de 50.000 viviendas del Gobierno, la construcción de un edificio con 50 viviendas dotacionales más, con un presupuesto aproximado de 8,8 millones de euros, y la instalación de la sede del Departamento de Derechos Sociales e Inclusión de la Generalitat en el barrio.
