La Comisión de Territorio y Vivienda del Parlamento de Cataluña ha aprobado este miércoles el acuerdo entre el PSC, ERC, Comuns y la CUP para regular el alquiler de temporada y que los propietarios no puedan utilizar la brecha legal para esquivar las limitaciones al precio del alquiler residencial. El PPC, sin embargo, ha anunciado que llevará la norma al Consejo de Garantías Estatutarias (CGE), lo que retrasará la aprobación del texto en el pleno del Parlament.
Según acordó la Junta de Portavoces este martes, la nueva ley de vivienda debía votarse en el pleno de la semana que viene, pero la votación definitiva se retrasará hasta que el CGE se pronuncie al respecto, aunque su dictamen no es vinculante.
El acuerdo entre socialistas, comunes, republicanos y cuperos define como vivienda permanente la que se destina a satisfacer la necesidad de vivienda «con independencia de su duración». De esta manera, se quiere evitar que se utilicen contratos temporales para esquivar los topes al precio del alquiler. De hecho, el texto especifica que se aplican unas normas diferentes a las viviendas que tienen una finalidad «exclusivamente recreativa, de vacaciones o de ocio», y añade que «esta causa o finalidad debe hacerse constar en el contrato».
No obstante, incluso cuando haya una finalidad acotada a un tiempo, como puede ser un alquiler vinculado a razones profesionales, de estudios o asistencia médica, «se aplicará las normas de los arrendamientos de vivienda relativas a la fianza, garantías y a la determinación de la renta», indica la norma. Así pues, sólo quedan fuera de la regulación de las viviendas permanentes aquél que realmente sean alquileres temporales vinculados a usos recreativos y turísticos, y será necesario que los propietarios lo acrediten.
En referencia al alquiler de habitaciones, se fija que la suma de rentas de una misma vivienda, aunque sea en contratos diferentes, «no puede rebasar» la renta máxima aplicable a la vivienda.
Vivienda de protección oficial
La nueva ley también regula determinados aspectos de las viviendas de protección oficial, y establece que los plazos de vigencia de las calificaciones se prorrogarán «obligatoriamente» cuando estén en una zona de mercado tensionado. De esta manera, los grupos que han llegado al acuerdo quieren evitar que en estas zonas los pisos protegidos acaben en el mercado libre al cabo de unos años.
A través de una enmienda transaccional de última hora, PSC, ERC y Comuns han pactado en qué condiciones los grandes tenedores que sean promotores de viviendas de nueva construcción estarán exentos del registro de grandes tenedores.
Críticas de Junts y el PPC
Mientras que ERC, Comuns y la CUP han coincidido en destacar la importancia de la nueva norma como «primer paso» para avanzar en el derecho a la vivienda, Junts y el PP han criticado la norma. La diputada de la formación posconvergente Glòria Freixa ha lamentado que las políticas en vivienda estén «comandadas» por Comuns y ha denunciado que se ha legislado «por la puerta de atrás» sin escuchar lo suficiente al mundo municipal.
Por su parte, la diputada del PPC Àngels Esteller ha considerado que la nueva ley «terminará de hundir» el mercado de la vivienda en Cataluña y la ha calificado «de ataque a la propiedad privada». Además, ha asegurado que es «inconstitucional» regular el alquiler de temporada porque, según ha dicho, es competencia del Estado, por lo que el partido ha decidido llevar la norma al CGE.
