La sala de lo penal del Tribunal Supremo ha desestimado este lunes el recurso de apelación presentado por la Abogacía del Estado contra la decisión del magistrado instructor del caso del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, de fijar para él una fianza de responsabilidad civil de 75.000 euros.
El alto tribunal, además, ha rechazado que haya una falta motivación en la imposición de la fianza o que la cuantía finalmente impuesta, que se redujo de 150.000 a 75.000 euros, sea desproporcionada.
La Abogacía del Estado, que defiende a García Ortiz, enviado a juicio este mes de septiembre, sostenía que el fiscal general estaría exento de la prestación de fianza de acuerdo con la Ley de asistencia jurídica del Estado.
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