La Audiencia Nacional investiga por delitos de contrabando y participación por complicidad en un delito de lesa humanidad o de genocidio al presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga Gómez, y a otros dos directivos.
El juez Francisco de Jorge cree que vendieron partidas de acero a la compañía Israel Military Industries (IMSI) pese a que sabían que se trata de un fabricante de armas y que el material que suministraba tenía este fin. Según el magistrado, que hoy ha levantado el secreto de las actuaciones, la venta de acero se habría llevado a cabo sin haber solicitado la autorización correspondiente del Gobierno español y sin inscribirse en el registro pertinente.
La investigación se inició por una querella de la Asociación Comunidad Palestina de Cataluña-Tierra Santa. Los tres investigados han sido citados a declarar el próximo 12 de noviembre.
El magistrado De Jorge argumenta que en la medida en que los hechos ocurridos en Gaza son de dominio público y que, por tanto, eran conocedores del proceso abierto por el Tribunal Penal Internacional y las denuncias presentadas por la Relatora Especial de la ONU, Francesca Albanese, y por la UNRWA, entre otras personas y agencias de Naciones Unidas.
Según el magistrado, los hechos son constitutivos de un delito de contrabando y de otro de participación por complicidad en un delito de lesa humanidad.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional considera que los hechos también son imputables a la sociedad mercantil Clerbil SL, que ostenta el cargo de administrador único de Sidenor Holdings Europa.
Por el contrario, entiende que en este momento no se puede considerar como persona jurídica investigada a la sociedad mercantil Sidenor Aceros Especiales SLU, dado el papel activo de los trabajadores de esta empresa y su contribución a la denuncia pública.
En este caso, el magistrado aplica la directiva europea y la ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas que extiende la protección a las personas jurídicas que puedan tener la condición de informantes.