En los últimos años, se ha ido consolidando un discurso que presenta a las personas jubiladas como privilegiadas e, incluso, como responsables de la precariedad que afecta a las generaciones más jóvenes. Esta narrativa, que intenta enfrentar a jóvenes y pensionistas, no sólo es una mentira sino que es injusta y malintencionada, ya que esconde las verdaderas causas del malestar social: un sistema económico que genera desigualdades y excluye cada vez a más personas.
Este relato forma parte de la estrategia del neoliberalismo, que ha impuesto su hegemonía ideológica hasta el punto de hacer creer que los conflictos de clase son cosa del pasado. Tal y como señala Joan Coscubiela en un escrito publicado recientemente, se ha sustituido el conflicto entre capital y trabajo por una falsa confrontación entre generaciones, desplazando el foco del debate hacia una lógica de agravio comparativo.
Es cierto que la precarización laboral y vital afecta gravemente a la juventud que, con contratos temporales, sueldos bajos, dificultades para acceder a la vivienda e incertidumbre vital, son realidades que no se pueden ignorar.
Ahora bien, pretender utilizar la situación económica actual como coartada para señalar a las personas pensionistas como responsables de desequilibrios sociales o presupuestarios es una simplificación sesgada, profundamente injusta y una gran mentira, ya que esta narrativa, además de ser tendenciosa, alimenta una división generacional artificial que no responde a la realidad de los hechos.
Con datos contrastados en la mano, se puede afirmar con rotundidad que una parte significativa de la población jubilada vive en condiciones económicas precarias. Cerca de la mitad de los pensionistas perciben menos de 1.000 euros mensuales, una cantidad que se sitúa por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y que, en muchos casos, no permite cubrir los gastos básicos de vida.
Esta vulnerabilidad económica es especialmente acusada y grave entre las mujeres, que sufren las consecuencias de una trayectoria laboral marcada por la desigualdad salarial, la discontinuidad en las cotizaciones y la carga histórica de tareas de cuidado no remuneradas.
Las cifras desmontan el mito del pensionista privilegiado. La verdadera causa de la precariedad juvenil no es el coste de las pensiones, sino un sistema que ha convertido derechos fundamentales como la vivienda en activos especulativos, sometidos a las lógicas de los mercados globales.
Por lo tanto, en lugar de criminalizar o estigmatizar a las personas pensionistas, hay que reconocer su contribución social y económica a lo largo de décadas, así como garantizarles una vida digna en la vejez y el debate debería centrarse en cómo construir un sistema de protección social más justo, equitativo y sostenible, no en buscar culpables entre los más vulnerables.
Además, el discurso que afirma que el coste de las pensiones impide invertir en otros ámbitos sociales parte de una premisa tramposa: que la riqueza es limitada y que no se puede redistribuir mejor. Esta visión ignora la posibilidad de una fiscalidad más justa y de un mercado laboral más equitativo.
Si queremos abordar de manera honesta la precariedad juvenil, hay que dejar de lado la confrontación generacional y poner el foco en las verdaderas causas del problema. Hay que transformar el sistema socioeconómico, garantizar derechos como la vivienda y el trabajo digno, y abrir un debate riguroso sobre la sostenibilidad del modelo actual. Pero este debate debe tener condiciones: no se puede hacer sin hablar de clase social, de redistribución de la riqueza y del conflicto entre capital y trabajo.
En definitiva, la precariedad que afecta a las personas jóvenes no es, en ningún caso, responsabilidad de las personas pensionistas. Pretender enfrentar generaciones es una estrategia simplista y peligrosa que desvía la atención del verdadero problema: un sistema económico que pone el lucro por encima de la dignidad humana. Es este modelo, basado en la explotación, la desigualdad y la mercantilización de la vida, el que condena a los jóvenes a la inestabilidad laboral, al acceso limitado a la vivienda y a unas condiciones de vida cada vez más frágiles.
Sólo, los trabajadores y las trabajadoras desde una mirada crítica, valiente y transformadora podremos revertir esta situación.
Por ello, es necesario repensar las prioridades colectivas, apostar por políticas públicas que garanticen derechos y promuevan la solidaridad intergeneracional y construir una sociedad más justa, equitativa y sostenible.
Y esto no es una utopía: es una necesidad urgente que nos interpela a todas las generaciones.
