Icono del sitio El Triangle

El Parlament investiga a diputados de Vox y Aliança Catalana por vulnerar el Código de Conducta

Gràcies a Junts x Catalunya, Sílvia Orriols conserva l’alcaldia de Ripoll, la seva principal plataforma de poder

La Comisión del Estatuto del Diputado del Parlament ha acordado iniciar procedimientos de verificación contra los diputados de Vox Joan Garriga y Oliveras Calvet, y contra la diputada y líder de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, por posibles vulneraciones del Código de Conducta de la cámara. En cambio, se ha excluido la diputada de la CUP Laure Vega.

La decisión se ha tomado en una reunión extraordinaria celebrada este jueves a petición de ERC y los Comunes, después de que Vox colgara carteles con el texto «Companys asesino» en las ventanas de sus despachos, coincidiendo con el homenaje a Lluís Companys celebrado el miércoles en el Parlament. El grupo republicano y de los comunes también han denunciado la actitud «ofensiva» del diputado Joan Garriga durante la Junta de Portavoces.

Aparte de este caso, Garriga también será investigado por unas declaraciones en el pleno del 8 de mayo, cuando vinculó al PSC con la prostitución y las drogas. En aquella sesión, el portavoz de Vox afirmó: «Financiación ilegal es lo que ha hecho el bipartidismo durante años, y corrupción: gastarse el dinero en drogas y prostitutas como han hecho los socialistas».

En cuanto a Oliveras Calvet, la comisión ha abierto un expediente a instancias del PSC. A principios de julio, durante la Comisión de Políticas de Juventud, la diputada de Vox acusó a la consejera Mónica Martínez Bravo de «liderar uno de los casos de corrupción más grandes de la historia de este Parlamento», en referencia a la FGSHSCSP.

La tercera investigada es Sílvia Orriols, de Aliança Catalana, después de que ERC denunciara unas declaraciones en las que acusó a la diputada republicana Najat Driouech de «normalizar la misoginia y el fundamentalismo islámico» por el hecho de llevar velo.

Plazos y posibles sanciones

La comisión deberá elaborar un informe sobre cada caso y podrá elevar una propuesta de sanción a la Mesa, que podría consistir en una amonestación pública o una multa de entre 600 y 12.000 euros. Los diputados afectados tendrán 15 días para presentar alegaciones por escrito u oralmente.

El Código de Conducta, en su artículo 7, establece que los diputados deben mantener una conducta «respetuosa, escrupulosa y ejemplar» con la ciudadanía y con el resto de miembros de la cámara, y prohíbe cualquier actitud discriminatoria por razón de género, creencias, ideología u origen.

Salir de la versión móvil
Ir a la barra de herramientas