El Ayuntamiento de Barcelona se ha comprometido a garantizar el derecho al aborto en el Hospital de Sant Pau después de que este martes, en la Comisión de Derechos Sociales del consistorio, se haya aprobado una proposición de BComú que pide «solicitar de manera urgente incorporar a las reuniones de los órganos de gobierno del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau una resolución para «garantizar que se efectúan las operaciones relativas a las interrupciones de embarazo en las mismas instalaciones del hospital sin derivaciones innecesarias».
La proposición ha salido adelante con los votos de los comunes, Junts, PSC y ERC, y la concejala de Salud, Marta Villanueva, ha asegurado que la «voluntad» del ejecutivo que lidera el alcalde Jaume Collboni «es ser precisos y consecuentes» con el derecho al aborto, señalando que el gobierno municipal está «absolutamente comprometido» con los derechos de las mujeres.
BComú ha presentado la iniciativa después de que el grupo municipal tuviera conocimiento sobre la dificultad de abortar que hay en este hospital, denunciada por diferentes colectivos feministas, y teniendo en cuenta que el Ayuntamiento de Barcelona tiene participación en la Fundación de la gestión sanitaria del centro hospitalario. Al respecto, la propia Villanueva ha reconocido que «es verdad» que las interrupciones del embarazo quirúrgicas se derivan al Dos de Maig, hospital satélite del Sant Pau ubicado en la misma área de Salud.
«No podemos permitir que utilicemos la objeción de conciencia como una excusa para no realizar un aborto en este hospital», ha defendido la portavoz de BComú, Gemma Tarafa, que ha recordado que «la objeción de conciencia es un derecho individual de los profesionales, muy respetable, pero no un derecho colectivo». En este sentido, Tarafa ha criticado que «el Hospital de Sant Pau no se puede negar a hacer un aborto, está obligado, la ley es clara».
La proposición también pide que el Ayuntamiento apoye la moción del Parlament con el fin de incorporar el derecho al aborto en el Estatuto de Cataluña, añadiendo al artículo 23 un nuevo epígrafe que especifique que el servicio sanitario público reconoce y garantiza a todas las mujeres el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo de forma libre y gratuita.
