El Tribunal Supremo (TS) ha avalado la decisión del Gobierno de España de no desclasificar toda la documentación requerida por el juez sobre el espionaje al expresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, a través del programa Pegasus. La sentencia de la sala de lo contencioso-administrativo señala que la revelación de algunos de los documentos podría poner en riesgo los servicios de inteligencia y la seguridad nacional.
En respuesta, Aragonès ha criticado la decisión en su publicación en X, acusando al Gobierno central de «priorizar» su derecho a espiar ante el derecho a ejercer la acción política en libertad. El expresidente ha añadido que «un estado que viola la privacidad para defenderse de un movimiento democrático es un estado débil», subrayando su percepción de vulneración de derechos fundamentales.
La resolución del Supremo ratifica, por tanto, la potestad del ejecutivo estatal para proteger información considerada sensible en materia de inteligencia, a pesar de las peticiones judiciales de acceder a documentos que podrían tener implicaciones para la actividad política del expresidente. La controversia plantea un debate sobre el equilibrio entre seguridad nacional y transparencia democrática.
