El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 15 de Barcelona ha declarado nulas las bases del concurso público del Ayuntamiento de Vic que exigía un nivel de catalán B2 para optar a una plaza de operario de cementerio y mantenimiento.
La sentencia concluye que el nivel de catalán exigido para acceder al puesto de trabajo es demasiado alto y resuelve que el consistorio vicense debe volver a convocar la oposición requiriendo a los candidatos el nivel básico A2.
El juez sostiene que pedir el B2 genera una barrera de acceso con un efecto «excluyente» y añade que este hecho constituye una discriminación «por razones de lengua». En concreto, en la resolución conocida este jueves refleja, basándose en un informe técnico y la descripción oficial de las funciones, que se trata de un puesto de trabajo «eminentemente manual/material, sin exigencias propias de interacción lingüística compleja».
El juez considera que, sin haberse acreditado «necesidades funcionales específicas», la «imposición del B2 no supera el test de proporcionalidad» en este caso porque «no se demuestra» que «aporte una ventaja funcional relevante» sobre el A2 para realizar tareas manuales, porque «existen medidas menos restrictivas», como exigir el A2 y hacer formación en servicio, y porque «el sacrificio del derecho de acceso» contemplado en el artículo 32.2 de la Constitución «resulta excesivo enfrenta del beneficio público marginal» que estima que proporciona exigir el B2.
Recurso contra la sentencia
El alcalde de Vic, Albert Castells (Junts), ha asegurado que recurrirán la sentencia «hasta la última instancia» y ha asegurado que se trata de un «ataque» a la lengua y contra el Ayuntamiento. En este sentido, Castells se ha mostrado «sorprendido» por la «obcecación» contra el catalán y contra el consistorio, y ha afirmado que la política lingüística del Ayuntamiento «no es nada más» que defender la lengua de la ciudad.
En declaraciones a los medios, el alcalde ha defendido que el catalán ha sido el «pilar» de la cohesión social y la convivencia en la ciudad, y ha dicho que el objetivo del consistorio es garantizar que todos los vicenses se puedan dirigir en su lengua. El hecho de que este elemento de cohesión sea «atacado», ha dicho Castells, «nos preocupa y nos indigna profundamente».
«¿Cómo garantizaremos este derecho si no pedimos a las personas que trabajan en el Ayuntamiento que puedan tener una conversación fluida, puedan rellenar un formulario, puedan leer una instrucción interna o puedan entenderse con su mando?», se ha preguntado el alcalde de Vic. «¿Cómo se garantizará si el funcionario que venga no tiene estos mínimos?», ha añadido.
Castells ha considerado que habría que poner el foco en los ciudadanos en Cataluña a quien se vulneran los derechos lingüísticos cuando se dirigen a las administraciones, y ha acusado al Estado «de poner en marcha la maquinaria contra todo aquello que tiene que ver con la nación catalana para diluirla». «Saben muy bien que extinguiendo la lengua, se extingue el problema», ha espetado el alcalde.
Puigdemont, contra la resolución
El presidente de Junts, Carles Puigdemont, ha reaccionado a esta sentencia denunciando la «falacia del bilingüismo», y ha alertado de que «a copia de sentencias se va devolviendo alrégimen monolingüe que impuso Franco«. Según ha escrito a X, «la ligera diferencia» actual es que «el uso del catalán es tolerado y hay un cierto derecho a utilizarlo, pero nunca en igualdad de condiciones con el castellano». «En caso de conflicto, un juez siempre resolverá en tu contra», ha lamentado.