Por más control y capacidad que acredite Joan Laporta para manipular la asamblea del próximo día 19, formalmente telemática y con la previsión de registrar la participación más baja jamás conocida, siempre se vuelca en desplegar la mejor defensa mediática con la finalidad de aislarla del mundanal ruido de la realidad a base de propagar, repetir y machacar una serie de ítems a través de sus diferentes canales de fabricación de la opinión pública azulgrana.
El lunes se activó la red digital y de influencers bajo una consigna y mensaje uniforme en torno a dos ejes: el ejercicio 2024-25 se ha cerrado “con 2 millones de beneficio” y se confirma así la “recuperación económica”. Como es lógico, y lo demuestra la propia información facilitada a los socios, ambas afirmaciones son del todo embusteras.
Ayer miércoles la directiva reunió en las oficinas azulgrana a los periodistas de los medios de más peso en el día a día en Catalunya para una disertación de Manel del Rio, el nuevo director general, con idéntico propósito de reafirmar los ítems generales de la campaña de alienación de los socios (lo del superávit y lo del ‘Barça va bien’) y añadir dos novedades propagandísticas clave en la previa de la asamblea para dispersar el foco y acaparar los titulares de los portales digitales.
Por un lado, Manel del Rio les envió un mensaje claro sobre BLM, en el sentido de que “no se vende” y, por otro, les confirmó el giro copernicano de la directiva, desde luego inteligente, oportuno, estratégico y plausible a su propio juicio, en cuanto al regreso al Spotify, ahora despojado de toda prisa y de ninguna necesidad -ni deportiva, ni social ni económica- con el argumento de que es más interesante y productivo seguir abriendo Montjuïc para 50.000 espectadores que el Spotify para 27.000, poniendo el foco en que “como las reformas necesarias para cumplir con subsanaciones planteadas por el Ajuntament van a muy buen ritmo, es más acertado reabrir con el aforo de 45.000 y apto para los partidos de Champions”.
Otra tanda de trolas en cadena, en el caso del regreso a Les Corts, condicionado porque las reformas necesarias son casi estructurales por defectos constructivos graves de Limak que, además, requieren una negociación sobre cómo solucionarlas ya que los expertos han confirmado que Laporta no ha respetado los planos aprobados en la licencia de la primera fase. El nuevo horizonte que se baraja ahora es para después de noviembre, más bien tirando a primeros de 2026, aunque sin ninguna perspectiva de que pueda ser una opción real. Limak acumulará, inevitablemente, un año de retraso si hay que hacer caso de todas las promesas y justificaciones de Laporta para elegir a la constructora turca para que las obras fueran más rápidas y baratas.
En cuanto al anuncio de que BLM no se vende, la letra pequeña sugiere que la propuesta de Marc Ciria de llevar a la asamblea una propuesta social para revocar la autorización otorgada a Laporta para deshacerse del 49% de la sociedad había tocado una tecla muy sensible y dolorosa de sus urgencias financieras en el marco de un empeoramiento dramático de la economía del club.
Si Manel del Rio afirma que a la directiva no le pasa por la cabeza desprenderse de una fuente de ingresos que lleva camino de aportar 200 millones anuales es porque, en realidad, parece la única salida posible a la continua sangría de pérdidas que se avecina en los meses y años venideros, imparable. El director general admitió que se ha actualizado el valor al alza de BLM, dejando entrever que se ha utilizado esta revalorización, de algún modo confusa, en la compleja escenografía para sostener el relato de una cuenta de resultados anómala y tramposa, se mire por donde se mire.
La idea de la directiva es propagar que no es preciso llevar a la asamblea la propuesta de Marc Ciria porque no entra en los planes perder este último y valioso activo como es BLM. Iniciativa que es, precisamente, el indicio más claro de que Laporta no tendrá otro remedio que rehacer el estropicio actual de los estados financieros del club a costa de la ‘joya de la corona’, BLM, un invento de Josep Maria Bartomeu cuyo recurso como palanca postpandemia ya había sido ‘bendecido’ por el propio Marc Ciria cuando era -y lo sigue siendo- más fan de Laporta que nadie, de eso hace cuatro años.
Ahora sabe de buena fuente que la operación BLM está sobre la mesa y que Laporta podría arruinar su recogida de firmas anunciando simplemente su renuncia al acuerdo asambleario que ahora mismo es el único salvavidas que le queda.
Sobre todo, porque esa “recuperación” de la que presume esconde pérdidas de 230 millones en este mandato, buena parte de ellas a causa de Barça Studios y camufladas con un reajuste del resultado del ejercicio anterior. “¿Por qué no se computó esta pérdida adicional de 89 millones de euros cuando correspondía? ¿Habrían aprobado los socios compromisarios las cuentas con unas pérdidas de 180 millones en lugar de las presentadas de 91 millones?”, es lo que se ha preguntado Marc Ciria en su análisis de las cuentas, razonando que Laporta no es capaz de dejar atrás esta espiral de deterioro patrimonial tan grave y palmaria.
Marc Ciria le ha recordado que en el presunto ‘beneficio’ de esta última temporada se han contabilizado 100 millones de la prima de Nike, 70 millones de los asientos VIP y 40 millones en ventas de jugadores de naturaleza extraordinaria, 211 millones en total que además no están consolidados en el actual ejercicio, sin los que el Barça no habría cumplido el presupuesto y desde luego ocultando perversamente 91 millones de nuevas pérdidas que el anterior auditor, ya despedido, ya había exigido como imprescindible para ofrecer a los socios una fotografía real de la situación económica.
Con ese -230 millones que Laporta arrastra como resultado de su negligente gestión y a pocos meses de las elecciones, sino es por la vía BLM no tiene otra forma de regularizar su mandato que no sea la de salir corriendo, dejando el ‘muerto’ a la directiva que venga que, igualmente, se enfrentará a más de 1.000 millones en activos vendidos e ingresos avanzados que mermarán sus recursos y la obligación de hacer frente a una deuda de 4.000 millones que devolver.