El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha enviado un requerimiento a las comunidades de Madrid, Islas Baleares, Aragón y Asturias para que creen el Registro de Personas Objetoras del aborto tal y como establece la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Sánchez ha advertido de que si no lo crean en un plazo de tres meses, el ejecutivo español activará «los mecanismos legales oportunos para exigir su cumplimiento».
La ley orgánica 2/2010, reformada en 2023, obliga a todas las comunidades autónomas a crear un Registro de Objetores. En 2024, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Sanidad aprobó el protocolo por unanimidad, y el Gobierno de España recuerda que «es de obligado cumplimiento». El hecho de que las comunidades no creen este registro «limita de facto el acceso de las mujeres a un derecho fundamental reconocido por ley», señala el ejecutivo central.
«El respeto a la objeción de conciencia de los profesionales nunca puede convertirse en un obstáculo para la atención sanitaria de las mujeres», subraya el Gobierno español, que con este requerimiento quiere dar «un paso más para garantizar que todas las mujeres, vivan donde vivan, puedan ejercer su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo» y «asegurar que este derecho se ejerza en la sanidad pública y con todas las garantías de seguridad, autonomía y libertad».
Blindar el aborto
El pasado viernes, Sánchez propuso
introducir el derecho al aborto en la Constitución
para blindarlo, recordando que el propio Tribunal Constitucional (TC) reconoció la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) como un «derecho esencial de las mujeres».
El PP, sin embargo, se desmarcó de la propuesta del presidente español y niega que el aborto sea un derecho, contradiciendo así a organismos internacionales como las Naciones Unidas y Amnistía Internacional, que aseguran que es un derecho humano.
