El Gobierno de la Generalitat ha aprobado un decreto ley para hacer efectiva la condonación de los pagos indebidos efectuados por la antigua Dirección de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) a jóvenes extutelados, una decisión que ya avanzó la consejera de Derechos Sociales e inclusión, Mònica Martínez Bravo, en sede parlamentaria.
Este decreto, que tendrá que validar el Parlamento catalán, ha sido consensuado con ERC y Comunes, según ha explicado la consejera portavoz, Sílvia Paneque.
El texto establece que la Generalitat no exigirá la devolución de los importes pendientes hasta la entrada en vigor del decreto a las personas que sean o hayan estado perceptoras de la prestación para jóvenes extutelados que se encuentren en situación de vulnerabilidad, según los requisitos establecidos por el mismo decreto.
Según los cálculos de la Generalitat, el 90% de las percepciones pagadas de forma indebida serán resarcidas. Solo el 10% serán condonadas ante la vulnerabilidad de las personas que lo recibieron. El Gobierno catalán ha constatado que la reclamación de la deuda podría comportar un empeoramiento de la situación de vulnerabilidad de los perceptores.
El texto entrará en vigor el día siguiente a haberse publicado en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña (DOGC), y no tendrá efecto cuando se haya constatado que la persona interesada ha facilitado información falsa o manifiestamente errónea para poder recibir la prestación.
Los pagos indebidos surgen por el cambio de circunstancias del titular de la prestación que afectan a la cuantía de la misma. Derechos Sociales e Inclusión ha puesto en marcha varias medidas para anticipar la detección y reducir el importe de los pagos indebidos mediante la transformación de la administración para eliminar la problemática con una única unidad administrativa de pago.
El informe de la Sindicatura de Comptes
Un informe de la Sindicatura de Comptes difundido este mes de julio alertó que Derechos Sociales había hecho pagos indebidos por valor de 167 millones de euros entre el 2016 y el 2024, de los cuales 4,7 millones eran prestaciones pagadas indebidamente a jóvenes extutelados.
En cuanto a los pagos indebidos, 70,6 millones de euros correspondían a prestaciones de dependencia; 43,8 millones de euros, a pensiones no contributivas; 36 millones de euros, a la Renta Garantizada de Ciudadanía; y 14 millones de euros, a complementos de pensiones no contributivas.
Según la Sindicatura, estas cantidades no tendrían que haberse pagado a los usuarios a los cuales se destinaron porque no cumplían con los requisitos.