La Fiscalía ha pedido al Tribunal de Cuentas que investigue los pagos indebidos del Departamento de Derechos Sociales que detectó la Sindicatura de Cuentas, cifrados en 167 millones de euros. Entre estos pagos hay ayudas de la antigua Dirección General de la Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) a jóvenes extutelados, las cuales la síndica de Greuges considera que no deberían devolverse, ya que se trata de un error de la Administración.
Según ha avanzado El Nacional, la petición del ministerio público, que se hizo en el mes de junio, reclama investigar la posible responsabilidad contable de estas irregularidades detectadas en el periodo 2016-2024. En su informe, la Sindicatura de Cuentas puso de manifiesto la «falta de seguimiento y control eficaces en la gestión de las prestaciones», que ha provocado «la existencia de casos que podrían incurrir en incompatibilidades y un volumen elevado de pagos indebidos».
El Gobierno catalán decidió suprimir la DGAIA y sustituirla por la Dirección General de Prevención y Protección de la Infancia y la Adolescencia (DGPPIA), la cual no gestiona contratación ni prestaciones. Este organismo envió centenares de correos electrónicos a jóvenes extutelados para reclamarles los supuestos pagos indebidos, pese a la petición de la síndica de no obligar a devolverlos.