El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha anunciado que investigará a las empresas que promocionen en España servicios o productos realizados en los territorios palestinos ocupados por Israel.
Esta acción se enmarca entre las iniciativas surgidas del decreto de medidas urgentes contra los ataques de Israel a Gaza, que el Gobierno de España aprobó la pasada semana, y que ahora debe validar el Congreso.
El texto, que prohíbe la publicidad de bienes y servicios procedentes de los asentamientos ilegales, va en la línea de un reciente informe de la ONU que avisaba de que hay empresas como Airbnb o Booking que se están beneficiando económicamente de la ocupación ilegal de estos territorios.
Según el ministerio que encabeza Pablo Bustinduy, el objetivo de la medida es que cualquier empresa con actividad en España «abandone toda operación vinculada a la ocupación israelí, ya sea directa o indirectamente». Desde el ministerio avisan de que mantener esta oferta de servicios en España contribuye a «perpetuar los esfuerzos coloniales y el genocidio de Israel».