Esta es una semana clave para la dramática situación financiera del Barça de Joan Laporta, de nuevo al filo de lo imposible por culpa de su negligente y desordenada gestión financiera y de las obras de Limak, y la apremiante obligación de cerrar las cuentas del ejercicio 2024-25 de una vez por todas. Prácticamente, a menos de un mes de la asamblea ordinaria, preceptiva y estatutaria, en la que debe someter a la aprobación de los socios la liquidación de la temporada anterior y de los presupuestos de la actual, marcados, como es sabido, por esa primera cuota de intereses de 44 millones del crédito con Goldman Sachs y por otras muchas deficiencias y trampas contables del laberinto en el que Laporta se ha metido él solo por culpa de sus palancas-ficción.
La aprobación de las cuentas será el menor de los problemas para Laporta, que ya ha normalizado esas asambleas telemáticas únicas en el deporte catalán y español en las que los socios ni están ni se les espera, ni mucho menos pueden participar, opinar, interpelar ni votar. Lo que quiera que diga el secretario de la junta, Josep Cubells, cuando cante el resultado de las votaciones, no será demostrable ni tampoco impugnable. Sobre todo porque la propia Generalitat le viene permitiendo a Laporta usar un decreto de emergencia de los tiempos de la covid para manipular a su antojo el gobierno del club, pisotear los derechos sociales fundamentales, atropellar los más básicos mecanismos democráticos e identitarios de la historia del Barça, y envolver en un manto de opacidad la realidad de unos estados financieros críticos.
El verdadero problema para el presidente son las propias urgencias financieras y contractuales que le exigen reabrir el Spotify cuanto antes, debido a varios compromisos económicos y obligaciones adquiridas con patrocinadores e inversores. El retraso en la reapertura supone pérdidas millonarias y el riesgo de incumplimiento de contratos, lo que puede agravar la situación económica del club.
A más largo plazo, por ejemplo, el contrato con Spotify establece que, mientras duren las obras y el aforo sea reducido, el club cobra solo 5 millones anuales. Para percibir los 20 millones anuales por los naming rights, el estadio debe estar disponible para 94.500 espectadores y la explotación estable del 90% de los activos comerciales pactados. Si Barça no cumple estas condiciones antes de julio de 2028, Spotify puede romper el contrato. Además, el club debe garantizar al menos dos conciertos anuales en el estadio para mantener el acuerdo.
A corto plazo, la morosidad y la precariedad laportista se las condicionan esos pagos de 44 millones en diciembre de este año y de 94 millones en diciembre de 2026. El coste medio del financiamiento ronda el 5,5% anual y la deuda total del Espai Barça supera los 1.500 millones de euros.
Si el estadio no se reabre y no genera ingresos plenos (previstos en torno a 247 millones anuales cuando esté operativo), el club enfrenta dificultades para afrontar los compromisos de devolución de deuda y puede ver afectada su calificación crediticia.
Lo más inaplazable, sin embargo, es hoy resolver con el auditor y Goldman Sachs si es posible o no contar con esos 100 millones de los asientos VIP que, de forma recurrente, desde la directiva se ha filtrado que penden del hilo de la reapertura del estadio, imposible antes de este 30 de septiembre, que parecía la fecha límite, extrema e innegociable para introducir ese importante factor en el balance de un ejercicio que debió cerrarse hace tres meses de acuerdo con la ley.
Laporta ha arrastrado al auditor y a Goldman Sachs a este escenario surrealista y manipulado en el que, para salvar a Limak, ha metido al Ayuntamiento de Barcelona en la misma ecuación, como si fuera por culpa suya que no se pueda usar el Spotify, ni siquiera parcialmente, a tiempo de incluir el montaje financiero de los asientos VIP y los presuntos ingresos del nuevo estadio en el resultado del ejercicio cerrado y en el cálculo de los ingresos para el que ya ha arrancado. De momento, sin la recaudación del Gamper ni de los dos primeros partidos de Liga (Valencia y Getafe en casa), y habiendo de regresar a Montjuic, donde todo son gastos y disgustos, para recibir a la Real Sociedad y el debut en la Champions.
Laporta acabó la semana pasada, tras recibir el enésimo bofetón municipal por los fallos constructivos detectados en la chapucera forma de trabajar de Limak, intentando que el Ayuntamiento aceptara la palabra y la promesa del presidente del Barça de subsanar las deficiencias en las próximas semanas a cambio de recibir ya la licencia parcial de la primera ocupación para 27.000 espectadores.
Si así fuera, aún quedarían por resolver más de 300 millones de pérdidas que planean sobre las cuentas por las palancas fantasma de Barça Studios y Sixth Street, y los 45 millones de la provisión de la multa de la UEFA. Nada que Laporta no sepa como solucionar, como ya hizo el año pasado, engañando a los socios presentándoles a los socios unas cuentas adulteradas.
LaLiga, en cambio, no se tragó el cuento de los asientos VIP y le ha rebajado en 112 millones el margen salarial tras el cierre del mercado, alejando aún más a Laporta de ese 1:1 tan falsamente anunciado. La cuestión ahora es si el auditor y Goldman Sachs también miran hacia otro lado.
