Los grupos parlamentarios de PSC, Junts, ERC, los Comunes y la CUP han presentado este jueves el proyecto de ley del taxi, en una rueda de prensa en el Parlamento de Cataluña. Los firmantes, que se han mostrado confiados en que aprobarán la nueva norma a lo largo de 2026, abrirán negociaciones a partir de ahora para que el proyecto de ley tenga suficiente aceptación.
El diputado del PSC José Ignacio Aparicio ha marcado el objetivo de mantener una «escucha activa» con el sector. Salvador Vergés ha explicado que Junts presentará una enmienda para que se exija el B2 de catalán -y no el B1, tal y como consta ahora en el texto- a taxistas y VTC, y Jordi Albert, de ERC, ha apostado por garantizar los derechos lingüísticos en el sector. Lluís Mijoler (Comuns) ha insistido en que el texto es un «punto de partida», y Laure Vega (CUP) ha subrayado que hay que blindar el sector público.
Las plataformas Cabify, Uber y Bolt han cargado contra la propuesta, que contempla la eliminación progresiva de las licencias VTC urbanas. Prevén que la nueva normativa provoque la destrucción de 4.000 puestos de trabajo «de la noche al día». En un comunicado conjunto, las tres compañías han asegurado que los ciudadanos también sufrirán el empeoramiento de las alternativas de movilidad en Barcelona. En este sentido, Unauto, la patronal del sector de los VTC, ha advertido de que el proyecto de ley del taxi provocará una reducción en un 30% de la oferta de servicios de transporte urbano.
En cambio, el portavoz de Élite Taxi, Tito Álvarez, ha destacado el «gran consenso» político para la nueva regulación del sector, y ha agradecido al Parlamento catalán el hecho de «ser valiente y poner orden». En una comparecencia desde la cámara catalana, Álvarez ha negado que se «quiera dejar a nadie en la calle», y ha invitado a los conductores de VTC de plataforma a hacerse taxistas.
