El magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha dictado este martes un auto que divide en dos piezas separadas la investigación contra el exministro español de Transportes José Luis Ábalos y otros implicados en la trama que salpica al PSOE.
Según el auto al que ha tenido acceso la ACN, el juez ha tomado la decisión porque existen dos tramas diferenciadas pese a que Ábalos aparece en ambas, y porque la instrucción sobre los contratos de mascarillas durante la pandemia y otros asuntos está muy avanzada y prácticamente concluida.
Por el contrario, la de las presuntas irregularidades en adjudicaciones de obra pública a cambio de contraprestaciones económicas se encuentra en una fase muy incipiente. según el magistrado.
El auto dice que «el conjunto de la causa ha llegado a un punto en el que es posible identificar dos grandes grupos de conductas eventualmente delictivas», diferenciados según su relación con las adjudicaciones de obra pública.
En esta nueva pieza figuran como investigados José Luis Ábalos, Koldo García, Santos Cerdán, Víctor de Aldama y varios empresarios como José Ruz Martínez, Antonio Fernández Menéndez, Daniel Fernández Menéndez, Fernando Agustín Merino Vera y Joseba Antxon Alonso Egurrola.
Dos organizaciones
El magistrado ha establecido dos supuestas organizaciones diferentes: una que operaba en beneficio de Acciona Construcción en UTE con otras empresas, bajo el impulso indiciario de Santos Cerdán, y sin participación conocida, de momento, de Víctor de Aldama; y otra de menor volumen económico, en la que estarían implicados Víctor de Aldama, José Luis Ábalos y Koldo García, pero no Santos Cerdán.
El auto también especifica que la pieza principal de la causa continuará investigando los hechos vinculados a la contratación de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión durante la pandemia de la covid.
En esta parte, se mantienen como investigados a José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama, por los presuntos beneficios económicos obtenidos en la formalización de los contratos.
El juez ha detallado, además, otras actuaciones presuntamente irregulares como las gestiones para favorecer a empresas como Air Europa o Villafuel, o la intervención para facilitar una reunión entre Víctor de Aldama y el exjefe de gabinete del Ministerio de Hacienda para tratar el aplazamiento de una deuda tributaria.
El escrito también ha hecho referencia a la contratación presuntamente arbitraria de Jessica Rodríguez y Claudia Montes Martínez en empresas públicas, una de las cuales habría cobrado salarios sin ejercer ninguna función efectiva.
La nueva pieza se ha iniciado formalmente junto con el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil del 5 de junio y otros documentos, como las declaraciones de Víctor de Aldama y Koldo García y una prueba pericial caligráfica.
