El Juzgado de Instrucción número 2 de Barcelona ha admitido a trámite la querella criminal presentada por cinco empresarios y desarrolladores tecnológicos contra antiguos altos cargos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Guardia Civil y las empresas fabricantes del software espía Pegasus y Candiru.
El escrito, registrado el 30 de abril de 2025, acusa a los investigados de la presunta comisión de los delitos de descubrimiento y revelación de secretos informáticos y de acceso ilegal a sistemas informáticos.
La admisión a trámite se notificó el 16 de septiembre y la magistrada deberá decidir cuáles de las diligencias solicitadas por la acusación se practican. La Fiscalía dispone de cinco días para pronunciarse.
La asociación de víctimas Sentinel Alliance ha coordinado esta iniciativa, la primera que pide explícitamente una investigación judicial sobre el uso de Candiru, un software espía cuya adquisición y uso no ha admitido el Gobierno de España. También será la primera vez que la justicia investigue a la Guardia Civil por el uso de estos programas.
Los querellantes son Joan Arús San Segundo (presidente y portavoz de Sentinel), Jordi Baylina Mele, Pau Escrich Garcia, Joan Matalama i Alzina (hermano del exsenador de Junts Jami Matamala), y Xavier Vives Riba.
Mediante su escrito, han solicitado actuaciones para identificar el alcance del espionaje y sus responsables, como solicitar al Consejo de Ministros que desclasifique toda la documentación sobre el uso de Pegasus y Candiru contra los querellantes, incluyendo las autorizaciones judiciales o administrativas, el coste de las operaciones y los expedientes generados.
También quieren que se cite a declarar como investigados a la exdirectora del CNI Paz Esteban y a los exdirectores de la Guardia Civil Félix Vicente Azón Vilas y María Gámez Gámez, así como a los directivos de NSO Group Shalev Hulio y Omri Lavie, e Isaac Zack, de Saito Tech Ltd.
