La lucha vecinal y ecologista por la preservación de la Gola del Fluvià ha recibido esta semana un apoyo clave. Tras cuatro años de denuncias y movilizaciones, el Parlament de Catalunya ha aprobado una resolución que recoge casi todas las reclamaciones del Grup en Defensa de la Gola i la IAEDEN-Salvem l’Empordà.
La Comisión de Transición Ecológica ha instado a la Generalitat y al Ayuntamiento de Sant Pere Pescador a ejecutar de manera inmediata las resoluciones administrativas pendientes para poner fin a las actividades sin autorización que, según el colectivo, se están haciendo en el Fluvià Náutico. El texto recibió el apoyo de PSC, ERC, Junts, Comunes, CUP y Vox, mientras que el PP se abstuvo en uno de los puntos.
Los vecinos y ecologistas denuncian que la empresa Canales del Fluvià SL ha convertido un espacio natural protegido en un complejo turístico privado: aparcamiento de autocaravanas, amarres, chiringuitos, alquiler de motos de agua, todo en terrenos que en buena parte serían de titularidad pública y dentro de un ámbito incluido en la Xarxa Natura 2000.
El punto de partida de la protesta fue la instalación, en 2021, de una barrera de pago que bloqueaba el camino de acceso a la playa, un vial que los colectivos recuerdan que es público y que debería ser libre.
Órdenes incumplidas y persistencia vecinal
El Grup de Defensa ha aportado expedientes, sanciones y decretos que avalan su denuncia. En 2023, la Generalitat multó a la empresa con más de 32.000 euros y ordenó suspender actividades y retirar instalaciones. En 2024, el Ayuntamiento decretó clausurar el aparcamiento y recuperar el camino público. Y la Síndica de Greuges, en el otoño del mismo año, reclamó que se ejecutaran estas medidas y se restaurase la realidad ambiental. Pero, según explican los activistas, nada de eso se ha hecho efectivo y el Fluvià Náutico sigue funcionando con normalidad.
El colectivo recuerda, además, que en abril de este año el pleno de la Diputació de Girona también se pronunció a favor de restablecer la legalidad urbanística y recuperar el acceso público a la Gola. Para ellos, este posicionamiento, sumado ahora al del Parlament, confirma que sus demandas tienen un amplio apoyo institucional y que solo falta que las administraciones competentes hagan cumplir sus propias resoluciones.
Desde el Ayuntamiento, el alcalde Agustí Badosa defiende que el consistorio ya ha actuado y remarca que el caso está en los juzgados, lo que condiciona los tempos. El propietario del Fluvià Náutico, Víctor Latorre, niega todas las acusaciones e insiste en que dispone de permisos para la actividad, al tiempo que acusa a los colectivos críticos de orquestar un complot en su contra.
Mientras tanto, el Grupo en Defensa de la Gola asegura que continuará vigilando y presionando para que se ejecuten los acuerdos, convencido de que su perseverancia ha sido clave para llegar hasta aquí. El apoyo parlamentario refuerza su lucha y sitúa en el centro del debate público la necesidad de preservar uno de los espacios naturales más frágiles y emblemáticos de L’Empordà.