La Oficina Antifraude de Cataluña ha admitido a trámite una denuncia que señala un patrón sostenido de irregularidades en la contratación municipal de Igualada. El escrito habla de fraccionamiento de contratos, posibles connivencias entre proveedores y Ayuntamiento y el uso reiterado del procedimiento negociado sin publicidad para organizar un evento deportivo. El gobierno de Marc Castells lo niega todo, se escuda en la legalidad y denuncia un caso de «juego sucio» político.
La denuncia se registró el 25 de julio de 2025 y lleva el expediente APV 01173/2025. Menos de un mes después, el 22 de agosto, Antifraude decidió admitirla a trámite al considerar que la documentación aportada contiene datos concretos y lo suficientemente sólidos para abrir una evaluación preliminar. Esta admisión no prueba aún ninguna irregularidad, pero sí legitima el examen del caso y abre la puerta a pedir información adicional al Ayuntamiento.
El texto denunciado hace referencia a tres prácticas especialmente sensibles: por un lado, el fraccionamiento irregular de contratos menores para favorecer a determinados proveedores; por otro, la posible existencia de conductas colusorias en algunos expedientes; y, finalmente, el uso reiterado del negociado sin publicidad durante varios años para un mismo evento deportivo.
La denuncia sostiene que la suma de estos encargos bajo sospecha superaría los 800.000 euros en cinco años, una cifra que deberá ser contrastada por Antifraude en el marco de su evaluación preliminar.
El gobierno lo niega y el PSC exige transparencia
El gobierno de Junts per Igualada asegura que ha actuado siempre con estricto cumplimiento de la legalidad y afirma que hasta el momento no ha recibido ninguna notificación oficial de Antifraude. El ejecutivo municipal atribuye la difusión del caso a una estrategia de desgaste político y denuncia la existencia de filtraciones interesadas que, según dice, buscan ensuciar el nombre de la institución.
El PSC de Igualada exige al gobierno municipal explicaciones públicas e inmediatas. Los socialistas consideran que la admisión a trámite por parte de Antifraude es un hecho muy grave y advierten de que el Ayuntamiento no puede escudarse en acusaciones de juego sucio para eludir responsabilidades.
Reclaman que se publique de manera transparente toda la información sobre los contratos bajo sospecha y que se convoque un pleno extraordinario para dar cuentas ante la ciudadanía. Según el grupo socialista, el caso pone en evidencia un modelo de gobierno opaco que se habría consolidado durante los últimos años.
El paso hecho por Antifraude no es menor. La evaluación preliminar que ahora se abre permite a la oficina requerir documentación, delimitar el alcance de la denuncia y, si se detectan indicios de infracción o delito, trasladar el caso a Fiscalía Anticorrupción o emitir recomendaciones concretas al Ayuntamiento.
